MEDIDA JUDICIAL
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su rechazo a la decisión de la Justicia Civil y Comercial Federal que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, grabados presuntamente en la Casa Rosada.
“La reciente sentencia (...) es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”, señaló la entidad en un comunicado difundido.
ADEPA recordó que se opone de manera sistemática a toda resolución que impida la difusión de información, “en especial cuando se trata de información relativa a funcionarios públicos o a hechos de interés o relevancia institucional”.
El fallo judicial y la postura del Gobierno
El pronunciamiento de la asociación se conoció luego de que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por el Gobierno. El Ejecutivo denunció que existió una presunta “operación de inteligencia ilegal” destinada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la filtración de audios obtenidos de manera clandestina.
La resolución ordenó “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (...) que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.
“El fallo reconoce que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, escribió en redes sociales el vocero presidencial, Manuel Adorni.
“Las prohibiciones preventivas son contrarias a la Constitución”
En su comunicado, ADEPA advirtió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al respecto: salvo en casos que afecten a niños o adolescentes, “cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión”.
La entidad destacó que la publicación de informaciones puede dar lugar a responsabilidades ulteriores, pero subrayó que eso no puede justificar la censura previa: “El gobierno puede promover la investigación y sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a la grabación de los audios, del mismo modo que puede procurar la sanción de cualquier funcionario que haya violado sus deberes de secreto”, sostuvo.
