Sistema penitenciario
La sobrepoblación carcelaria continúa siendo uno de los principales problemas del sistema penitenciario federal argentino. Un informe reciente de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) evidenció un nuevo incremento en la cantidad de personas privadas de libertad durante el primer trimestre de 2025, alcanzando un total de 11.815 internos alojados en los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Esto representa un aumento del 1% respecto a diciembre de 2024.
Dentro del panorama nacional, Mendoza vuelve a destacar como una de las provincias más afectadas. El Complejo Penitenciario Federal VI de Cacheuta, ubicado en Luján de Cuyo, figura entre las unidades con mayor saturación, junto a los penales de Ezeiza, Marcos Paz, Villa Devoto y Salta.
Un sistema desbordado
El dato más preocupante del relevamiento es que la sobrepoblación general alcanza el 7,4%, es decir, hay 813 personas más de las que el sistema puede albergar. La capacidad instalada del SPF es de 11.002 plazas, por lo que el exceso de detenidos genera un impacto directo en las condiciones de habitabilidad, salud y seguridad dentro de los penales.
Además, el informe reitera un problema persistente en el sistema judicial: el 41% de las personas detenidas aún no tiene condena firme. En total, 4.813 internos están procesados sin sentencia definitiva, mientras que 7.000 sí han recibido condenas, lo que vuelve a poner en discusión los tiempos de la justicia penal y la vigencia del principio de inocencia.
En paralelo, se registra un leve aumento tanto en la población sin condena (1,4%) como entre los condenados (0,7%).
La situación en Mendoza
Aunque el informe no desagrega cifras exactas por provincia, menciona expresamente al Complejo Penitenciario Federal VI de Cacheuta como uno de los más congestionados. Esta unidad no solo alberga a internos mendocinos, sino también a personas de otras provincias que son derivadas por cuestiones de cupo o condiciones de reclusión.
Las condiciones de hacinamiento, el deterioro edilicio y la presión sobre los recursos de salud y rehabilitación son algunos de los puntos críticos señalados por la PROCUVIN en su diagnóstico.
Tendencia en alza
Los datos reflejan una curva de crecimiento constante en los últimos años:
En 2021, el SPF alojaba a 11.283 personas.
En 2022, la cifra subió a 11.349.
En 2023, fueron 11.311.
A fines de 2024, se contabilizaron 11.696.
En menos de cuatro años, el sistema sumó más de 500 internos, sin una ampliación proporcional en infraestructura ni recursos humanos.
Un problema estructural
Desde sectores judiciales y de derechos humanos insisten en que la respuesta no debe limitarse al aumento de plazas. En cambio, reclaman políticas penales más racionales, mayor celeridad en los procesos judiciales y la implementación de medidas alternativas a la prisión preventiva, especialmente para personas sin condena.
En Mendoza, al igual que en otras provincias, el problema no se limita a las cárceles federales: las unidades provinciales también presentan altos niveles de saturación, lo que refuerza la necesidad de abordar esta problemática de forma integral, con foco en los derechos humanos y el respeto a las condiciones mínimas de detención.
