CAMBIOS
El Gobierno designó a Alejandro Vilches como titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, tras meses de retrasos y bajo la presión de un fallo judicial que exigía avances concretos en la aplicación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La medida se oficializó mediante el Decreto 83/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Vilches, exinterventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), asumió el cargo el 23 de enero de 2026. Junto a él, Gianfranco Scigliano y Esteban Rafael Giler fueron designados como subsecretarios en las áreas de Regulación, Certificación y Proyectos, y Políticas de Acceso y Apoyos, respectivamente.
El nuevo secretario cuenta con amplia experiencia en gestión sanitaria, docencia y dirección en el sistema de salud, tanto público como privado. Entre sus antecedentes se destacan la supervisión de programas estatales, la auditoría de exámenes médicos unificados y cargos en organismos como el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y la Armada Argentina, así como asesorías en la Legislatura porteña y la Cámara de Diputados de la Nación.
La reglamentación de la Ley 27.793, que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026, pone fin a meses de retrasos por parte del Ejecutivo, que había suspendido su implementación argumentando falta de presupuesto. La Justicia había declarado inválido ese freno y ordenado la aplicación inmediata de la norma, destacando la necesidad de garantizar tratamientos esenciales para personas con discapacidad.
Entre los principales puntos del decreto se encuentran la creación de un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, la definición de criterios de acceso y permanencia, la conversión automática de pensiones existentes al nuevo esquema y la realización de auditorías periódicas. La Secretaría Nacional de Discapacidad será la encargada de coordinar estas acciones, convocar al Consejo Federal y presentar un plan de auditorías en 30 días.
Con esta designación y la reglamentación oficial, el Gobierno busca poner en marcha un marco operativo que asegure el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y la correcta distribución de beneficios.
