CONTROL
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensifica el control sobre las transferencias bancarias y movimientos en billeteras virtuales a partir de octubre de 2025. Todas las operaciones que superen los umbrales establecidos deben ser reportadas automáticamente al organismo.
El objetivo es verificar el origen de los fondos y garantizar que las transacciones sean coherentes con el perfil fiscal del titular. No se trata de prohibir transferencias, sino de controlar que los ingresos sean legítimos y estén respaldados.
Qué sucede si recibís una transferencia grande
Si el dinero tiene origen comprobable—como la venta de un inmueble o vehículo, cobro de honorarios, salario o herencia—no debería haber inconvenientes. Sin embargo, las entidades financieras suelen aplicar protocolos de seguridad, como retenciones preventivas, hasta confirmar la legalidad de la operación.
Para liberar los fondos, basta con presentar la documentación que respalde la transacción, por ejemplo:
Boleto de compraventa
Factura electrónica
Contrato de prestación de servicios
Recibo de sueldo o certificación de herencia
Tener estos comprobantes permite que la operación se libere rápidamente y evita problemas con ARCA.
Límites y control de ARCA en octubre 2025
Aunque no existe un monto único para todos los casos, cualquier movimiento que resulte inusual o desproporcionado respecto al perfil fiscal del titular puede ser reportado. La clave no es tanto el valor exacto, sino poder justificar el origen de los fondos.
Transferencias sin documentación de respaldo pueden derivar en retenciones preventivas, solicitudes de aclaración y, en casos extremos, multas o inspecciones formales.
Qué documentación puede requerir ARCA
Cuando se superan los umbrales de control, el organismo solicita comprobantes que demuestren la legalidad de los fondos, tales como:
Contratos de venta de bienes
Facturas electrónicas por servicios prestados
Recibos de sueldos o haberes
Documentación de herencias
Contar con estos documentos de manera clara y a tiempo permite que la fiscalización se cierre sin inconvenientes. La ausencia de evidencia puede generar intimaciones de pago o sanciones sobre los montos no justificados.
