La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), antes conocida como AFIP, restablecerá a partir del 1° de enero de 2025 la facultad de embargar cuentas bancarias de contribuyentes con deudas fiscales. Esta medida, que había sido suspendida debido a la crisis económica, se reactivó mediante la Resolución 1445/2024 publicada a finales de diciembre.
Alcance de la medida
El nuevo marco normativo habilita el inicio de juicios de ejecución fiscal y la imposición de medidas cautelares contra contribuyentes morosos. Sin embargo, las entidades sin fines de lucro y las empresas del sector salud seguirán exceptuadas hasta el 31 de julio de 2025, en reconocimiento a las dificultades específicas que enfrentan ambos sectores.
Según la normativa, podrán regularizarse obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024, así como las sanciones e intereses acumulados.

Requisitos para evitar el embargo
Para los contribuyentes no exceptuados, el Régimen de Regularización Excepcional sigue siendo la principal herramienta para ponerse al día con sus obligaciones. Este régimen permite saldar deudas acumuladas con beneficios en plazos y tasas de interés.
Contexto y objetivos
La decisión de restablecer los embargos se produce tras múltiples prórrogas de la suspensión original, implementada en respuesta a la crisis económica. Según ARCA, la medida busca garantizar el cumplimiento fiscal, fortalecer las arcas públicas y reducir la evasión.
Mientras tanto, las entidades sin fines de lucro y las empresas de salud continuarán beneficiándose de un periodo de gracia, bajo el argumento de que ambos sectores son esenciales para el desarrollo social y económico del país.

Perspectivas para 2025
El endurecimiento de los controles forma parte de un plan más amplio del gobierno para incrementar la recaudación y equilibrar las cuentas fiscales. ARCA también deberá definir parámetros específicos para aplicar estas disposiciones en los sectores exceptuados, en colaboración con el Ministerio de Salud.
La medida genera expectativas y tensiones entre los contribuyentes, quienes ahora enfrentan un panorama de mayor escrutinio y la necesidad de regularizar sus cuentas en un contexto económico todavía desafiante.



