ESPAÑA
El salario mínimo interprofesional (SMI) en España tendrá un incremento del 4,4% a partir de febrero de 2025, según anunció la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Esta subida, la más alta recomendada por los expertos, llevará el SMI a 1184 euros brutos mensuales (ARS1.268.217,92 pesos argentinos) , lo que representa un aumento de 50 euros respecto al salario actual.
¿Cuánto aumenta el salario mínimo en 2025?
El Ministerio de Trabajo español planteó dos opciones de incremento: un 3,4%, que llevaría el SMI a 1173 euros, y un 4,4%, que eleva el monto a 1184 euros. Finalmente, se optó por la cifra mayor, lo que supone un impacto significativo en el coste salarial de las empresas.
De acuerdo con la patronal de las pymes (Cepyme), este incremento implica un alza de aproximadamente 80 euros mensuales por empleado, considerando cotizaciones sociales y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En total, el coste salarial por trabajador podría situarse entre 1816 y 1903 euros, dependiendo de la cotización por accidentes laborales.
Trabas para subir el salario mínimo
Si bien la medida es bienvenida por los trabajadores, ha generado críticas en el ámbito empresarial. Cepyme destacó que desde 2016, el SMI ha acumulado un incremento del 73,1%, y de aprobarse este ajuste, la subida total sería del 80,7% en menos de una década.
La patronal alerta sobre los desafíos que enfrentan sectores como el agrario y el comercio, los cuales, según su presidente Gerardo Cuerva, no pueden absorber estas subidas sin consecuencias negativas en competitividad y empleo.
Además, el aumento del SMI ha superado ampliamente la evolución del IPC (54,1% frente a 19,4% desde 2018), mientras que la productividad de las pymes se ha estancado a niveles de 2015.
Impacto en la economía y el empleo
El Estatuto de los Trabajadores establece que las subidas del salario mínimo deben considerar factores como la situación económica general, la evolución del IPC y la productividad. Sin embargo, las críticas de algunos sectores apuntan a que este aumento podría generar un impacto desigual y dificultar la sostenibilidad de muchas empresas, especialmente en áreas rurales y de bajo margen.
Con esta nueva medida, el Gobierno busca garantizar condiciones salariales más dignas, aunque el debate sobre sus efectos en la economía sigue abierto.
