DERECHOS
Las personas con discapacidad en Argentina cuentan con derechos y beneficios que les permiten desarrollar una vida plena en su propio hogar y en la comunidad. Muchos desconocen que existen profesionales que pueden brindar asistencia en las tareas diarias, un apoyo contemplado por la ley.
¿Qué son los apoyos para la vida independiente?
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en Argentina desde 2014, garantiza a quienes tienen discapacidad el derecho a vivir de manera independiente y a elegir dónde y con quién hacerlo.
Gracias a este marco legal, las personas con discapacidad pueden acceder a servicios de asistencia domiciliaria, residencial y comunitaria, lo que les permite tomar decisiones propias, estudiar, trabajar, participar de actividades recreativas y culturales, y disfrutar de su tiempo libre. La autonomía individual se convierte así en la base para ejercer todos los demás derechos.
La legislación argentina
La Ley 24.901 establece que las prestaciones ofrecidas por obras sociales, prepagas o, en su defecto, por el Estado, deben cubrir de manera integral las necesidades de las personas con discapacidad. Esto incluye:
La adquisición de elementos y dispositivos de apoyo necesarios para acceder a distintos servicios (art. 35).
La asistencia domiciliaria (art. 39, inciso d).
Asistentes personales vs. asistentes domiciliarios
Es importante diferenciar entre asistente domiciliario y asistente personal. La figura del asistente domiciliario debe interpretarse según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que esta norma tiene jerarquía superior.
Estos apoyos deben:
Basarse en las preferencias y necesidades de cada persona.
Promover la independencia.
Evitar restricciones derivadas de concepciones médicas o patologizantes.
Respetar la voluntad y los requerimientos individuales de la persona con discapacidad.
De esta manera, se asegura que la asistencia profesional no solo cumpla un rol práctico, sino que también contribuya a garantizar autonomía, dignidad y participación plena en la sociedad.
