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En los últimos seis años, los juicios jubilatorios ante la Corte Suprema de Justicia aumentaron casi cinco veces, impulsados principalmente por errores en el cálculo de los haberes y la aplicación de actualizaciones pendientes. Mendoza concentra aproximadamente el 5% de esos casos, reflejando la tendencia nacional.
Muchos jubilados esperan años para cobrar sentencias firmes. Los retrasos se deben tanto a los tiempos judiciales como a que Anses lleva los pagos hasta las últimas instancias, siguiendo los procedimientos legales. Aun así, la mayoría de los juicios termina siendo favorable para los reclamantes, aunque el dinero llega con años de demora y con intereses acumulados.
Entre los motivos más frecuentes de los reclamos figuran el mal cálculo de los haberes y las actualizaciones de movilidad previstas por leyes y decretos recientes, incluyendo ajustes realizados durante la pandemia. La falta de información y la complejidad de los coeficientes aplicados por Anses también alimentan la judicialización de los reclamos.
En Mendoza, los juicios por reajuste del haber siguen la misma tendencia que a nivel nacional, con un aumento impulsado por mayor acceso a información y preocupación por la calidad de vida en la jubilación. Aunque el sistema judicial federal ha reducido plazos en algunos juzgados, las apelaciones del organismo previsional y la acumulación de causas continúan extendiendo los tiempos de resolución.
A nivel nacional, los programas como la Reparación Histórica buscaban ofrecer soluciones voluntarias para ajustar haberes y saldar deudas previsionales, pero muchos casos siguen dependiendo de la vía judicial. La demora en los pagos afecta directamente el poder adquisitivo de los jubilados, que muchas veces deben afrontar gastos básicos mientras esperan.
Actualmente, más del 60% de los jubilados cobran el haber mínimo, complementado con un bono que no se actualiza desde hace un año. Los especialistas advierten que cualquier reforma al sistema previsional debe garantizar ajustes más justos y sostenibles, considerando la inflación, la edad jubilatoria y la cobertura de las necesidades básicas de los adultos mayores.
