La primera presentación judicial de Nicolás Maduro ante un tribunal federal estadounidense abrió un proceso penal que podría extenderse durante años. El ex líder del chavismo fue capturado en Caracas durante un operativo nocturno y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico, asociación delictiva y tenencia de armas, junto a su esposa Cilia Flores. Ambos se declararon inocentes.
Durante la audiencia inicial, Maduro afirmó que continúa siendo el presidente de Venezuela y calificó su detención como un “secuestro”, mientras que el gobierno estadounidense sostuvo que se trató de una operación puntual de aplicación de la ley basada en una causa abierta años atrás. La justicia fijó una nueva comparecencia para el 17 de marzo, mientras los acusados permanecen detenidos en Nueva York.

La posibilidad de acceder a una fianza aparece como remota. Si bien la defensa no solicitó la libertad bajo caución en esta instancia, el juez dejó abierta la opción para futuras presentaciones. Sin embargo, los fiscales sostienen que los cargos implican penas muy elevadas y que existe riesgo de fuga, debido a los recursos y vínculos internacionales atribuidos a los acusados.
En paralelo, los abogados plantearon cuestiones médicas. La defensa de Flores informó que sufrió lesiones durante la captura y requiere estudios clínicos, mientras que el equipo legal de Maduro señaló que el ex mandatario presenta problemas de salud que deberán ser atendidos durante la detención.
El caso también abrió un debate sobre la legalidad del procedimiento y la eventual inmunidad del acusado. La defensa anticipó impugnaciones a la validez del juicio, al considerar que se trata de un ex jefe de Estado. No obstante, Estados Unidos no lo reconoce como presidente legítimo, un punto que podría debilitar ese argumento y prolongar una disputa judicial con impacto político internacional.



