MÁS SEGURIDAD
Tras la intervención policial en Río de Janeiro, donde al menos 121 personas perdieron la vida, Brasil intensificó sus esfuerzos para asfixiar las finanzas de los grupos criminales nacionales. El foco se trasladó a San Pablo, donde la policía federal y los fiscales ejecutaron órdenes de arresto y allanamiento contra operaciones de blanqueo de capitales vinculadas al Primer Comando de la Capital (PCC).
Las investigaciones revelaron que los recursos ilícitos se integraban a la economía formal a través de empresas, estaciones de servicio y otros negocios, alcanzando un total estimado de 10.000 millones de dólares entre 2020 y 2024. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, destacó la importancia de golpear la fuente económica de las organizaciones delictivas para frenar su accionar.
El operativo incluyó nueve arrestos efectivos y la incautación de bienes, además del congelamiento de cuentas usadas para lavar dinero mediante la distribución ilegal de combustibles. La policía también investiga un ataque informático que permitió la extracción de más de 813 millones de reales (150 millones de dólares) del sistema de transferencias PIX, apuntando a desarticular rutas de financiamiento tecnológico del crimen organizado.
Las autoridades coordinan acciones con organismos internacionales en España, Portugal y Argentina para rastrear a sospechosos que operan fuera del país. Además, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó una ley que endurece las sanciones contra miembros del crimen organizado, enfatizando la necesidad de proteger a la población y a las fuerzas de seguridad.
Con estas medidas, Brasil busca no solo desmantelar estructuras delictivas, sino también anticipar movimientos de las bandas mediante inteligencia financiera y cooperación transfronteriza, debilitando la base económica de organizaciones como el PCC y otras redes criminales con alcance global.
