Reclamo histórico
A días de una nueva conmemoración del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, la situación económica de los excombatientes en Mendoza vuelve a estar en agenda. Actualmente, la provincia otorga una pensión mensual de aproximadamente $443.000 a cada veterano o familiar directo, en concepto de reconocimiento por su participación en el conflicto de 1982. Sin embargo, este monto se encuentra entre los más bajos del país.
La pensión mendocina está regulada por la Ley Provincial 6.772, que establece su valor en base a dos sueldos básicos de la categoría 013 de la administración pública. A junio de 2025, el básico de esa categoría es de $221.201, lo que resulta en una pensión de $442.203 mensuales. A esto se le suma la pensión nacional otorgada por ANSES, que actualmente supera los $800.000.
En comparación con otras provincias, el monto resulta significativamente menor. Por ejemplo, Neuquén paga $1.700.000, San Juan cerca de $1.200.000, y San Luis alrededor de $980.000 solo por la pensión provincial. Esto ha generado malestar entre los veteranos locales, quienes consideran que el monto actual no refleja adecuadamente el carácter honorífico de este beneficio.
Ante este panorama, un proyecto presentado en la Legislatura de Mendoza propone modificar la ley vigente para elevar el beneficio al equivalente de cuatro sueldos básicos de la categoría 013, lo que llevaría el monto mensual a $884.807, siempre tomando como referencia los valores actuales.
La iniciativa, impulsada por legisladores del justicialismo, ya fue girada a la Comisión de Hacienda, donde se espera avanzar con el debate y buscar consensos con el oficialismo. El objetivo es que los excombatientes mendocinos accedan a una pensión más digna y alineada con la de otras jurisdicciones, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una asignación reconocida como “pensión de honor”.
En Mendoza hay actualmente 340 beneficiarios, incluyendo veteranos, viudas y familiares de caídos. Muchos de ellos consideran que este ajuste es no solo justo, sino urgente, dado que ya han pasado más de cuatro décadas desde el final de la guerra y muchos de los excombatientes enfrentan hoy problemas de salud y precariedad económica.
