LEGISLATURA
Un proyecto de ley que comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados de Mendoza busca endurecer las sanciones contra quienes incumplen con el pago de la cuota alimentaria. La iniciativa propone medidas que impactan directamente en la vida cotidiana de los deudores, como la imposibilidad de acceder a créditos y restricciones para ingresar a fiestas, festivales, casinos y espectáculos deportivos.
La propuesta fue presentada por la diputada Giuliana Díaz (UCR) y ya se analiza en la comisión de Género y Erradicación de la Trata de Personas. En el debate participaron representantes del Poder Judicial, quienes aportaron observaciones sobre el funcionamiento del sistema actual y la frecuencia de estos casos en el fuero de familia.
El objetivo central del proyecto es sumar herramientas más eficaces para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria, ante una problemática que continúa siendo recurrente y que, en muchos casos, se prolonga durante años.
Cruce de datos para impedir el acceso a créditos
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa apunta a vincular el Registro de Deudores Alimentarios con bases de datos financieras. En ese marco, se plantea articular con CoDeMe (Créditos del Comercio de Mendoza), organismo que actúa como buró crediticio y genera informes sobre el comportamiento financiero de personas y empresas.
La intención es que quienes figuren en el registro provincial vean restringida la posibilidad de obtener préstamos, financiamiento o realizar operaciones de crédito, incorporando así una presión económica concreta para incentivar el pago.
Prohibición de ingreso a casinos, fiestas y espectáculos
El proyecto también propone reforzar sanciones en el ámbito social y recreativo. Entre las medidas, se contempla impedir el ingreso de deudores alimentarios a casinos, fiestas y festivales culturales mediante controles biométricos, con el fin de garantizar una identificación más precisa.
Además, se busca fortalecer la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos a través de la vinculación con el programa nacional Tribuna Segura. Si bien esa restricción ya existe, el texto pretende hacerla más efectiva con cruces de datos y controles más estrictos.
Durante la discusión en comisión, la directora de Género y Diversidad de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Pamela Cuartara, remarcó que los juicios por alimentos son de los más frecuentes en el fuero de familia y que los incumplimientos suelen persistir incluso cuando existen acuerdos previos.
También advirtió que la falta de pago puede derivar en situaciones de violencia económica, donde las madres terminan sosteniendo solas el cuidado y los gastos de los hijos.
El proyecto continuará en análisis legislativo y permanece abierto a aportes para ajustar la implementación de las medidas propuestas.
