En medio de un contexto de estrés financiero creciente para el Estado argentino, con las cuentas públicas bajo la lupa constante del Fondo Monetario Internacional (FMI) y una crisis de reservas que se agrava, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —organismo que absorbió las funciones de la ex AFIP— se encuentra inmersa en una de las peores crisis operativas de su historia.
El panorama es desolador: profesionales altamente capacitados que eligen irse, premios y beneficios eliminados, salarios estancados desde hace meses, oficinas obsoletas sin tecnología adecuada para perseguir grandes evasores y un clima interno enrarecido, cargado de sospechas y diálogos en voz baja. Así lo denuncia la UPSAFIP, el sindicato que agrupa al personal jerárquico y profesional, liderado por Julio Estévez (h).
“Pasamos de ser el organismo más codiciado por los profesionales de ciencias económicas y derecho a convertirnos en una oficina que expulsa talento”, expresó Estévez (h), apuntando directamente contra la gestión Milei.
El dato más alarmante surgió de boca del propio director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, quien en un coloquio ante los principales estudios jurídicos del país —como Bruchou & Funes de Rioja, Cassagne, Marval O'Farrell Mairal, Bomchil, entre otros— admitió que la evasión del IVA alcanza el 37%, un porcentaje que no se registraba desde el estallido de la convertibilidad en 2001.
“ARCA es un organismo ineficaz, no se invierte en tecnología desde hace siete años”, admitió Pazo ante la sorpresa del auditorio, según consignó el diario Perfil.

Desde la UPSAFIP, la secretaria de prensa Mariana de Alva calificó la declaración como “insólita”:
“Primero, porque los recursos existen; segundo, porque si se mejora el trato laboral y se actualizan los salarios, el combate contra la evasión fiscal será efectivo. Pero parece que la consigna es humillar al trabajador impositivo desde la Casa Rosada”.
En el sindicato interpretan que la desinversión deliberada responde a una lógica impuesta desde lo más alto del poder. De hecho, el presidente Javier Milei ha citado en reiteradas ocasiones a personajes como Robin Hood o El Zorro como referentes simbólicos en su cruzada contra la “voracidad fiscal”.
Sin embargo, especialistas apuntan que tanto Robin de Locksley como Diego de la Vega luchaban contra estructuras de poder local injustas, no contra la recaudación estatal centralizada.
“Milei, Caputo y Pazo deberían fortalecer la recaudación nacional, no sabotearla. El camino es otro: buenos sueldos, formación continua e infraestructura moderna”, advirtieron empleados de la sede de la DGI en el histórico edificio del Banco Hipotecario, frente a Plaza de Mayo.
Estévez (h) coincide con el diagnóstico y agrega:
“No entendemos la lógica de sueldos congelados y funciones exigentes para trabajadores que cumplen tareas críticas de fiscalización y control”.
La consigna del “no hay plata” impuesta por la gestión actual provocó un declive operativo que se refleja en todos los niveles de la ex AFIP. Según el dirigente Ricardo Prado, los sindicatos con personería gremial como AEFIP y SUPARA no han hecho “absolutamente nada” para mejorar las condiciones salariales.
Estévez (h) fue más allá:
“¿Por qué esos gremios no exigen paritarias, como sí lo hizo CTERA? ¿Qué están esperando? Los trabajadores no llegan a fin de mes y sus responsabilidades son enormes”.
En la misma línea, la dirigente María Laura Struba ofreció una alternativa insólita:
“Si no quieren gastar en abogados, nuestros afiliados los representan gratis. Nos hacemos cargo de los gastos judiciales, pero el trabajador impositivo no puede esperar más”.
El diagnóstico está sobre la mesa. Lo admiten los gremialistas, lo reconocen los funcionarios y lo padecen los trabajadores. La incógnita ahora es cuánto más puede resistir el sistema impositivo argentino antes de que la fuga de talento y la ineficiencia estructural dejen su recaudación completamente a la deriva.

