MEMORIA ACTIVA
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó una nueva condena contra el ex juez federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El máximo tribunal penal del país rechazó por unanimidad los recursos presentados por la defensa y dejó firme la pena de ocho años de prisión por su responsabilidad en apremios ilegales contra tres víctimas.
La decisión fue tomada por la Sala II del tribunal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes además confirmaron la condena a seis años y seis meses de prisión para María Eva Aebi, exagente de la Brigada Femenina de la URI santafesina. Aebi fue hallada culpable de participar en la privación ilegal de la libertad agravada de dos mujeres, una de ellas embarazada y la otra menor de edad.
En su voto, el juez Slokar remarcó que los hechos constituyen un caso de genocidio y enfatizó el rol activo del Poder Judicial durante el régimen. Afirmó que parte del sistema judicial fue “activa, no solo complaciente o apolítica”, al brindar legitimidad al aparato represivo mediante acciones como el rechazo sistemático de habeas corpus, la validación de normas represivas de facto, y la participación en causas armadas, desapariciones y apropiaciones ilegales de menores.
Respecto del accionar de Brusa, el fallo sostuvo que se acreditó su presencia en centros clandestinos de detención, donde, bajo el pretexto de actuar como secretario judicial, realizaba interrogatorios bajo tortura para forzar a las víctimas a firmar confesiones previamente redactadas.
Las víctimas mencionadas en esta causa son Francisco Klaric, Luis Eduardo Baffico y Carlos Chiarulli. Por su parte, Aebi fue responsabilizada por su rol en las detenciones ilegales de María de los Milagros Almirón y Marta Susana Berra, quienes al momento del secuestro tenían 14 años y se encontraban embarazadas, respectivamente.
Slokar también llamó a resguardar y digitalizar todo el material probatorio, en línea con las acordadas vigentes, para asegurar su acceso público y su preservación para la memoria histórica.
El fallo recogió, además, recientes advertencias de expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que alertaron sobre los riesgos del negacionismo frente a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. En ese sentido, se exhortó al Estado argentino a cumplir con su obligación internacional de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.
