El juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 (TOCF 7) busca esclarecer el mecanismo que permitió la entrega sistemática de dinero por parte de constructoras a cambio de favores administrativos.
Según la Fiscalía, la presunta estructura de recaudación operó de manera organizada y paralela entre 2003 y 2015. Los fiscales afirman que, mediante esta metodología, las entregas de fondos por parte de empresas como Cartellone eran un sistema de incentivos que buscaba obtener beneficios o evitar perjuicios vinculados con contratos estatales y obras, configurando así el delito de cohecho activo.
La imputación recayó sobre cuatro directivos como coautores de diez hechos de cohecho activo, y uno como partícipe necesario. La acusación sostiene que el sistema organizado tenía como supuesta Jefatura a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y como Organizadores a Julio De Vido y Roberto Barata, quien supuestamente canalizaba los pagos.
Los imputados como coautores son el Presidente Tito Biagini, los directores Gerardo Cartellone y José Gerardo Cartellone, y la expresidenta María Rosa Cartellone. Hugo Alfredo Kot fue señalado como partícipe necesario. La figura de coautor implica una presunta participación directa en actos de soborno reiterados, colocándolos en un rol central dentro de la operatoria investigada. Las anotaciones del chofer Óscar Centeno, quien dijo haber escrito los cuadernos que dieron origen a la causa, constituyen una pieza clave en la reconstrucción de los hechos y el entramado de favores ilegales.
El debate continúa ante el TOCF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Iñori, Germán Castelli y Fernando Canero, entre otros. Las audiencias han incluido la lectura detallada del requerimiento de elevación a juicio, que describe el presunto circuito de recaudación ilícita. El caso también involucra a directivos de otras empresas como Esuco, Electroingeniería, Isolux Corsán y Albanesi, acusados por hechos similares.


