En una apuesta por captar inversiones extranjeras directas, el Gobierno nacional oficializó la Reforma Migratoria mediante el Decreto 366/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. Una de las principales novedades es la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado que gestionará el acceso a la nacionalidad argentina a través de aportes económicos.
La iniciativa fue anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en mayo, en el marco de la campaña porteña. Ahora, con la reforma en marcha, se materializa un cambio profundo en la política migratoria del país, combinando nuevos requisitos, aranceles, sanciones y una medida que permitirá acceder al pasaporte argentino a través de la inversión.

¿Cómo funcionará el programa?
La nueva Agencia de Ciudadanía por Inversión dependerá del Ministerio de Economía y tendrá como misión diseñar, supervisar y controlar los programas que otorguen la ciudadanía a extranjeros que inyecten capital en el país.
El modelo está inspirado en "SelectUSA", un programa del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que otorga ciudadanía a quienes invierten un millón de dólares y generan al menos 10 empleos permanentes. En el caso argentino, el umbral inicial sería de 500 mil dólares, aunque aún se analizan los criterios específicos de admisión.
El objetivo es simplificar los procesos burocráticos para atraer inversión, pero desde Casa Rosada advirtieron que se evaluará minuciosamente la estructura y condiciones de cada programa para evitar conflictos legales en el futuro.
La elegibilidad de los postulantes será determinada de forma conjunta por la Cancillería y la Dirección Nacional de Migraciones, quienes controlarán tanto el origen de los fondos como los antecedentes de los solicitantes.

Argentina se suma a la ola global de los “pasaportes dorados”
Con esta reforma, el país se incorpora a la tendencia internacional conocida como “golden passports”, vigente desde los años 90 en naciones del Caribe como Antigua y Barbuda o Santa Lucía, que ofrecieron su nacionalidad a cambio de aportes económicos.
En Europa, países como Austria, Malta y Turquía también adoptaron sistemas similares, permitiendo a ciertos inversores obtener ciudadanía directa. Ahora, Argentina se suma a este grupo, buscando transformar la nacionalidad en una herramienta de política económica.
Debate abierto: ¿puede venderse la ciudadanía?
La propuesta despierta fuertes debates públicos: ¿puede una nación "vender" su ciudadanía sin desdibujar su identidad? ¿Prima el beneficio económico por sobre lo simbólico y cultural? Estas preguntas ya han sido planteadas en otros países que aplicaron políticas similares, y seguramente marcarán también la discusión local.
El Gobierno apuesta por una visión pragmática, en la que la ciudadanía se convierte en un incentivo para atraer divisas, generar empleo y fortalecer el desarrollo económico, sin perder de vista los controles institucionales.
