El Gobierno escolar y el Ministerio Público Fiscal activan protocolos específicos ante denuncias de abuso sexual en instituciones educativas. Mendoza cuenta con una guía oficial para intervenir en casos que involucren a niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito escolar. Hoy la provincia se encuentra en alerta en relación a este tema, luego de la detención de un celador en Guaymallén, acusado de haber abusado a un alumno de 6 años.
La Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) aplica la Ley 9.054 y su decreto reglamentario para abordar no solo abusos, sino también otras situaciones críticas como acoso, violencia familiar o abandono. Cada caso requiere una acción concreta, adaptada a la situación.
La DAE actúa de inmediato cuando una escuela detecta indicios de abuso sexual. En casos de presunción, donde el niño no relata lo ocurrido pero hay señales preocupantes, el personal escolar debe informar por escrito y activar el circuito de contención y denuncia.
Cuando hay relato del menor, se considera que hay vulneración de derechos. En ese momento, se da intervención directa a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) y se informa a las familias. El testimonio de la víctima es clave y se considera como punto de partida.

La persona denunciada debe ser separada preventivamente de su cargo, aun cuando se trate de una sospecha. Esto evita que la víctima o sus compañeros sigan en contacto con el presunto agresor mientras avanza la investigación judicial.
La Justicia recibe el acta escrita con todos los detalles del caso y comienza a investigar. El niño nunca declara en forma tradicional, sino a través de una entrevista en Cámara Gesell con profesionales especializados.
La fiscalía reúne pruebas y analiza libros de novedades, horarios y personal presente. Si hay elementos suficientes, se avanza con una imputación. La investigación es cuidadosa, debido al peso social y legal que tienen estas acusaciones.

Cada vez hay más denuncias porque los niños tienen más herramientas para hablar. Según autoridades escolares, eso no significa que haya más abusos, sino que ahora las víctimas pueden reconocer y expresar situaciones de violencia con mayor claridad.
La clave es actuar rápido y con responsabilidad ante cada sospecha. El compromiso de toda la comunidad educativa es fundamental para proteger a los más chicos y garantizar su derecho a un entorno seguro.
