RECLAMO
Las comunidades huarpes de Lavalle manifestaron su preocupación y rechazo frente al proyecto de ley presentado por el Gobierno de Mendoza que pretende derogar artículos clave de la Ley N°6920, la cual les reconoce derechos sobre las tierras que habitan desde hace generaciones en la zona de las lagunas de Guanacache y gran parte del secano lavallino.
Los referentes de estas comunidades sostienen que esta iniciativa oficial no fue consultada de manera previa, como lo exigen los tratados internacionales en materia de derechos indígenas, y afirman que tomaron conocimiento del proyecto a través de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, denunciaron situaciones irregulares vinculadas a presuntos intentos de desalojo, donde personas que se identificaron como autoridades judiciales se presentaron sin notificaciones formales ni vehículos oficiales.
El malestar de los pueblos originarios radica en que la derogación parcial de la ley pondría fin a la posibilidad de concretar la expropiación de tierras privadas aún pendiente, afectando unas 680 mil hectáreas de las más de 700 mil que contempla la norma original. Esta superficie abarca cerca del 75% del territorio de Lavalle y el 5% de la provincia de Mendoza. Si bien el Gobierno argumenta que todas las tierras fiscales —unas 100 mil hectáreas— ya fueron entregadas a las comunidades, los referentes insisten en que la medida vulnera derechos adquiridos y consolidados desde hace más de dos décadas.
El conflicto central es que, según explicaron desde el Ejecutivo, la imposibilidad de expropiar tierras privadas responde a dificultades económicas y a conflictos judiciales no resueltos en los últimos años. Sin embargo, las comunidades huarpes sostienen que el proceso de expropiación quedó paralizado por desinterés estatal y posibles intereses inmobiliarios ocultos, impidiendo que se concrete la transferencia total de tierras prevista en la ley.
En paralelo a las acciones legales y administrativas, las comunidades emprendieron una campaña de visibilización y movilización, entregando petitorios en la Legislatura provincial y manteniendo reuniones con diputados de la Comisión de Derechos y Garantías, quienes se comprometieron a evaluar el proyecto de ley y visitar las comunidades afectadas.
Desde los pueblos originarios advierten que, de prosperar la modificación de la ley sin una consulta previa y sin respeto a sus derechos, recurrirán a instancias judiciales nacionales e internacionales en defensa de su territorio ancestral, considerado no solo un bien material sino también cultural e identitario.
El reclamo de las comunidades huarpes se mantiene vigente desde hace más de una década, en busca de que se cumpla íntegramente la ley que reconoce su permanencia y uso tradicional de estas tierras, fundamentales para su modo de vida y subsistencia.
