CONFLICTO AMBIENTAL
La realización de la audiencia pública por el polémico proyecto San Jorge, destinado a la extracción de cobre en la región de Uspallata, fue confirmada para el próximo 2 de agosto a las 10 horas, pese a las numerosas críticas y un amparo presentado en la Justicia que finalmente fue rechazado.
El recurso legal fue presentado por la Asociación Civil OIKOS Red Ambiental y el abogado Marcelo Romano, quienes denunciaron que el lugar elegido para la audiencia —una zona de difícil acceso en plena Cordillera de los Andes durante la temporada invernal— dificultaba la participación ciudadana, atentando contra los derechos a la información y a la participación política.
Sin embargo, la jueza Cecilia Landaburu, a cargo del Tribunal de Gestión Nº 2, desestimó estos argumentos y ratificó que la audiencia se realizará según lo previsto. La magistrada fundamentó su decisión en la disponibilidad online de toda la documentación técnica del proyecto, incluyendo el Informe de Impacto Ambiental, a través del portal oficial de la Autoridad Ambiental Minera, que reúne a la Dirección de Minería y a la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental.
En paralelo, el Gobierno provincial implementó un sistema de transporte gratuito para facilitar el traslado de quienes deseen participar presencialmente en la audiencia. La oferta estará vigente hasta el 3 de agosto, y los interesados deben presentar su DNI y constancia de inscripción en la boletería de la empresa Andesmar. El destino final será la Terminal de Ómnibus de Uspallata.
La organización de la audiencia contempla modalidades presenciales y virtuales, con derecho a intervenir. Las inscripciones determinarán el orden de los oradores: primero quienes asistan en persona, luego los conectados en línea. Además, se recibirán opiniones y documentos escritos hasta el 30 de julio, vía correo electrónico o en las oficinas oficiales de Minería y Gestión Ambiental, con posibilidad de presentar material complementario hasta cinco días después del evento.
El proyecto minero implica una inversión estimada en 559 millones de dólares y promete crear alrededor de 3.900 empleos, una cifra que se presenta como clave para la economía regional. Sin embargo, la iniciativa también despierta inquietudes en sectores ambientalistas, que advierten sobre los riesgos potenciales para el ecosistema cordillerano y cuestionan la accesibilidad y transparencia del proceso de participación ciudadana.
Para quienes quieran seguir la audiencia sin intervenir, el Ministerio de Energía y Ambiente transmitirá en vivo el evento a través de su canal oficial de YouTube, ampliando así el alcance informativo a toda la población.
