GOLPE AL NARCOTRÁFICO
Una investigación judicial que incluyó escuchas telefónicas, tareas de inteligencia y allanamientos permitió reconstruir el funcionamiento de una presunta red dedicada a la comercialización de estupefacientes en el oeste del Gran Mendoza. En ese expediente aparece señalada como principal referente Sandra Jaquelina “Yaqui” Vargas Méndez, junto a su hijo Mauro Jesús Gélvez Vargas.
La causa describe una estructura integrada por familiares y personas del entorno cercano, que habría operado en distintos puntos de Godoy Cruz. Para los investigadores, la mujer tenía un rol clave en la organización y administración del dinero, mientras que su hijo habría intervenido en tareas operativas y de seguridad dentro del grupo.
Durante los procedimientos policiales, realizados en distintos domicilios vinculados a la investigación, se secuestraron envoltorios de cocaína, marihuana fraccionada, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un arma de fuego calibre 9 milímetros, elementos que fueron incorporados como prueba en el expediente.
El análisis de comunicaciones telefónicas también permitió a los investigadores reconstruir parte de la dinámica interna del grupo, con referencias a recaudación de dinero, distribución de droga y coordinación entre integrantes.
A ese material se sumó un informe del organismo ARCA, que detectó transferencias y movimientos de dinero en billeteras virtuales vinculadas a Vargas que no contaban con respaldo de ingresos formales, lo que fue interpretado como un posible indicio del manejo económico de la actividad ilícita.
Tras revisar estos elementos, la Cámara Federal de Mendoza decidió rechazar las apelaciones de la defensa y confirmar el procesamiento con prisión preventiva dispuesto por el juez Leopoldo Rago Gallo.
En la resolución, los magistrados remarcaron además que la “Yaqui” Vargas ya se encuentra cumpliendo una condena de 15 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico y que al momento en que se desarrolló la investigación contaba con el beneficio de salidas transitorias.
Para el tribunal, esa circunstancia eleva el riesgo procesal ante la posibilidad de una nueva condena y eventual unificación de penas, por lo que consideraron necesario mantener la prisión preventiva mientras la causa continúa avanzando en la Justicia federal.
