Controladores aéreos, sin respuesta: conciliación obligatoria y salarios en suspenso
La extensión de la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) volvió a asegurar la normalidad de los vuelos, aunque sin avances concretos en la negociación paritaria que reclaman los controladores aéreos.
La medida, dispuesta por la Secretaría de Trabajo, rige hasta el 26 de enero a las 8 y se complementa con una nueva audiencia fijada para el viernes 23 a las 11. En los hechos, la decisión funciona como un mecanismo de contención que prioriza la continuidad del servicio, pero no modifica el escenario de incertidumbre salarial que arrastra el sector desde hace meses.
Desde el Gobierno se insiste en que los Servicios de Navegación Aérea constituyen un servicio esencial, condición que limita de manera estricta el margen de acción gremial. La normativa obliga a notificar cualquier medida de fuerza con cinco días de anticipación y a no afectar más del 45% de las operaciones, restricciones que, para el sindicato, reducen significativamente la capacidad de presión en un conflicto que permanece estancado.
El punto central de la disputa radica en que EANA no tiene autonomía para cerrar un acuerdo salarial, ya que depende de la pauta que fija Empleo Público, bajo la órbita de Maximiliano Fariña. Esta estructura decisoria dilata las definiciones y deja a los trabajadores técnicos en una situación de reclamo permanente, aun cuando se trata de un recurso humano altamente calificado e insustituible para el sistema aeronáutico.
A lo largo de 2024, los controladores desplegaron distintas medidas de fuerza ante la falta de respuestas sostenidas. Hubo conciliaciones obligatorias, paros nacionales, acuerdos transitorios y nuevos planes de lucha que se reactivaron una y otra vez, sin que se alcanzara una solución de fondo. El último entendimiento parcial, en agosto, incluyó una recomposición del 15% en cuatro tramos, que el gremio considera insuficiente frente a la evolución salarial del sector público.
El conflicto también ingresó en el ámbito judicial, con investigaciones que complejizan aún más el escenario. Por un lado, se analiza la validez de un acta paritaria de 2023 con aumentos proyectados para 2024, cuya existencia formal es objeto de disputa. Por otro, EANA impulsó denuncias penales contra el gremio por presuntas acciones que habrían afectado la seguridad operacional, acusaciones que el sindicato rechaza y que forman parte del clima de tensión institucional.
Mientras tanto, la aviación comercial y civil continúa dependiendo de la prórroga administrativa como única garantía de estabilidad. La falta de una definición salarial expone los límites de una estrategia que, por ahora, administra el conflicto sin resolverlo y mantiene a los controladores aéreos en una situación de reclamo sostenido, en un sector clave para la conectividad del país.