MEDIDAS DE MILEI
Los decretos firmados por el Gobierno durante 2024 y 2025, impulsados desde la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, generaron fuerte rechazo en la industria musical. Las normas modifican la administración y gestión de los derechos de autor y eximen a hoteles, salones de fiestas, restaurantes y bares del pago a SADAIC, la entidad que representa a los autores y compositores.
La reforma incluye cambios en la definición de representación o ejecución pública, limitando la aplicación de los derechos a espacios de acceso público y pluralidad de personas, y excluyendo eventos en ámbitos privados, aunque sean temporales o permanentes. Estas medidas afectan directamente a músicos, compositores y managers, que denuncian un retroceso en la protección de la propiedad intelectual.
Los decretos posteriores también habilitan la creación de nuevas sociedades de gestión colectiva, argumentando la promoción de la libre competencia, mientras limitan el accionar de SADAIC. Especialistas y representantes de la industria señalan que esto podría favorecer a grandes productoras de espectáculos y afectar la remuneración de los artistas en festivales y recitales.
La medida ha tenido impacto económico en el sector: se registró una caída significativa en la venta de entradas durante el segundo semestre de 2025, afectando a músicos y organizadores de eventos. Desde asociaciones como ACMMA y la Unión de Músicos Independientes (UMI), se advierte que los decretos vulneran derechos fundamentales de los autores y generan incertidumbre sobre la gestión de sus ingresos.
La intervención del Gobierno en los derechos de autor marca un nuevo escenario de controversia en la industria musical, que enfrenta una combinación de desregulación, competencia y reducción de ingresos para los artistas, mientras busca mantener la sostenibilidad de los recitales y eventos en vivo.
