DERECHOS
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, un informe de Amnistía Internacional reveló un dato alarmante: las denuncias, consultas y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto legal aumentaron un 275% en el último año. Este crecimiento refleja un escenario crítico impulsado por el ajuste de políticas públicas, la paralización de programas estatales y la desigualdad en la distribución de insumos esenciales.
El relevamiento, titulado "También es por vos: Defender el acceso al aborto ante el retroceso de políticas públicas", se conoció el 28 de mayo, fecha que también marca el vigésimo aniversario de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina.
Entre enero de 2024 y abril de 2025, la organización registró 280 casos vinculados a barreras en la atención, lo que expone un deterioro notorio en el sistema de acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE). Solo en los primeros cuatro meses de este año, se recibieron 160 reportes, cifra que ya supera en más del doble a todo el período anterior.
Las principales barreras identificadas
El informe señala cinco obstáculos recurrentes: la falta de insumos médicos (como misoprostol y mifepristona), la ausencia de información clara, la proliferación de consejerías que desinforman y disuaden, demoras injustificadas en turnos y medicación, y malos tratos por parte del personal de salud.
Las desigualdades geográficas también agravan la situación. En zonas rurales o alejadas de los centros urbanos, las personas con capacidad de gestar enfrentan mayores dificultades para acceder a la atención. La interrupción de programas como el Plan ENIA y el recorte del 81% en la distribución de anticonceptivos, preservativos y test de embarazo profundizan la brecha entre provincias.
Mientras algunas jurisdicciones con mayor autonomía financiera intentan paliar la situación con compras propias, muchas otras reportan falta total de stock, dejando sin cobertura a quienes dependen del sistema público para acceder a sus derechos reproductivos.
La falta de información, otro eje crítico
Más de un tercio de las personas que se contactaron con Amnistía en 2024 dijeron no saber cómo ni dónde acceder a una interrupción del embarazo, posicionando la desinformación como una de las barreras más frecuentes. En muchos casos, la única fuente oficial disponible es la línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud, que según los reportes, presenta fallas en la atención y dificultades de acceso.
El informe también advierte sobre la expansión de centros autodenominados de “maternidad vulnerable”, que, bajo una fachada de contención, funcionan como espacios de presión y desinformación, en algunos casos integrados al sistema público de salud.
Por último, se destaca que más del 60% de los casos reportados no logró acceder al aborto dentro del plazo legal establecido, debido a trabas en el otorgamiento de turnos o la entrega de medicamentos, lo que representa una vulneración directa a un derecho garantizado por ley desde 2020.
