Prestaciones bajo revisión
Miles de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral enfrentan largas esperas, fallas en los sistemas y escasa atención en las sedes del Estado nacional, en el marco de una auditoría masiva que ya provocó suspensiones y genera fuerte preocupación en todo el país.
En Mendoza, desde hace semanas, se repiten las escenas de personas que madrugan para conseguir atención en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en la capital provincial. Se trata de ciudadanos que recibieron cartas documento convocándolos a revisiones médicas o a actualizar documentación, y que temen perder el único ingreso con el que cuentan.
El proceso de auditoría, que comenzó en marzo, busca revisar el estado de salud y la documentación de más de un millón de beneficiarios en todo el país. En Mendoza, la cifra asciende a 45.873 pensiones bajo evaluación.
Una de las principales dificultades es la falta de funcionamiento fluido en los canales digitales dispuestos para cargar la documentación requerida. Muchos de los convocados aseguran no poder completar el trámite debido a fallas en la plataforma de Mi Argentina. Como alternativa, algunos intentan presentar papeles en oficinas de ANSES, aunque allí no se resuelven problemas específicos de cada expediente.
La sede local de ANDIS es, en la práctica, el único espacio donde se ofrece atención directa. Sin embargo, la dotación de personal es escasa, con apenas dos trabajadores encargados de la recepción de trámites, situación que podría agravarse por razones operativas internas. La atención se limita a un número reducido de personas por día.
Además, en muchos casos, los beneficiarios deben rehacer estudios médicos que fueron realizados hace años, lo que complica el cumplimiento de los plazos impuestos por el Estado. El tiempo disponible para presentar la documentación suele ser de apenas 30 días, mientras que en el sistema público de salud la demora para acceder a especialistas puede ser de varios meses.
Mientras avanza la auditoría, ya se suspendieron más de 2.000 pensiones en todo el país y se proyecta una reducción del 15% en la cantidad de prestaciones para este año, lo que equivale a unas 177.740 bajas, según estimaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil.
En Mendoza, desde enero de 2024, solo se otorgaron dos nuevas pensiones no contributivas por invalidez laboral, a pesar de que más de 6.800 trámites fueron iniciados. De ellos, 3.470 continúan en proceso y 3.355 están finalizados pero sin resolución.
El proceso de auditoría es llevado adelante exclusivamente por la ANDIS, que no ha establecido plazos fijos para resolver cada caso. El gobierno nacional ha manifestado que su intención es orientar las pensiones a personas que no pueden insertarse en el mercado laboral y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para ello, se reestablecieron criterios médicos y funcionales más estrictos, lo que ha generado un mayor número de rechazos y demoras en el sistema.
Mientras tanto, los beneficiarios continúan haciendo filas, en muchos casos desde la madrugada, con estudios médicos en mano y en medio de una creciente sensación de incertidumbre.
