El Gran Mendoza vivió en 2025 un marcado aumento en la movilización social, con 126 protestas registradas, un 40% más que en 2024. Las calles se convirtieron en el espacio donde los ciudadanos expresaron su rechazo a políticas del Gobierno nacional y provincial, exigiendo derechos previsionales, educación de calidad, seguridad y protección del medio ambiente.

Los jubilados protagonizaron las protestas más frecuentes, con concentraciones semanales en la Plaza San Martín, mientras que los movimientos antimineros también tuvieron gran visibilidad, con marchas que denunciaron la explotación en zonas sensibles como Uspallata.

A pesar de que los manifestantes buscan visibilizar sus reclamos, el Estado respondió con un despliegue policial que incluyó vallas, controles y detenciones, muchas veces criminalizando la protesta pacífica. Las sanciones y causas judiciales contra manifestantes muestran un claro enfoque en el control y no en el diálogo.
El aumento de las movilizaciones refleja la frustración de la población ante decisiones gubernamentales que afectan directamente su vida cotidiana. Para quienes reclaman, las calles son el único espacio donde sus voces son escuchadas, mientras que la Provincia prioriza protocolos y sanciones.
En este contexto, la ciudadanía mantiene su compromiso con la protesta pacífica, reivindicando derechos y denunciando políticas que consideran injustas, pese a la presión de las autoridades.
