Un informe reciente advierte sobre inconsistencias en las estadísticas económicas y sociales, especialmente en la medición del empleo, la pobreza y la inflación. Según este análisis, la tasa de desocupación tradicional no refleja con precisión la realidad, ya que excluye a trabajadores con empleos precarios o insuficientes.
Al incorporar a quienes trabajan pocas horas pero buscan activamente otro empleo, la desocupación ampliada alcanza alrededor del 15%, casi el doble de la cifra oficial. Si además se contempla a quienes necesitan un ingreso adicional, la presión total sobre el mercado laboral se eleva al 24%.

Este escenario evidencia un fuerte deterioro de las condiciones sociales, marcado por la precarización laboral, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo. En este contexto, la baja del salario real se convierte en el eje central del problema, acumulando varios meses consecutivos de retroceso.
El impacto no es solo económico. También se traduce en un creciente malestar social y desgaste político, impulsado por el ajuste y la falta de recuperación de los ingresos. Las encuestas reflejan una desaprobación mayoritaria de la gestión y un cambio en las prioridades de la población, donde empleo e ingresos lideran las preocupaciones.
A su vez, aparecen contradicciones en los datos oficiales. Mientras la economía registra una caída en la producción por habitante, los niveles de pobreza se mantienen similares a años anteriores, lo que genera dudas sobre su medición. También se observan diferencias entre indicadores salariales, reforzando la percepción de inconsistencias.
En síntesis, se configura una crisis social más profunda de lo que muestran las cifras tradicionales, con un mercado laboral debilitado, ingresos en retroceso y una creciente tensión en la vida cotidiana.
