OBLIGACIONES
En Argentina, la cuota alimentaria es un derecho básico de niños, niñas y adolescentes. Su objetivo es garantizar alimentación, vivienda, educación, salud y esparcimiento, más allá de la situación de pareja de los progenitores. La obligación recae sobre ambos padres, pero cuando no conviven, el progenitor no conviviente debe aportar económicamente, en función de sus ingresos y del nivel de vida previo a la separación. Los jueces suelen fijar la cuota como porcentaje del salario, generalmente entre 20 % y 30 % por hijo, aunque no existe un tope legal.
De acuerdo con el INDEC, el costo de criar a un niño de 6 a 12 años asciende a $542.183 mensuales, el valor más alto entre los grupos etarios. Para los menores de 1 año, el monto estimado es de $432.161; entre 1 y 3 años, $513.406; y de 4 a 5 años, $430.996. El cálculo combina bienes y servicios esenciales con el costo del cuidado infantil, valorizado según la remuneración del personal de casas particulares. Este indicador sirve como referencia para determinar el piso mínimo de la cuota en procesos judiciales y acuerdos privados.
La obligación de pagar se mantiene hasta los 21 años, o hasta los 25 si estudian y no tienen ingresos propios. En casos de discapacidad, no tiene límite de edad. El incumplimiento puede derivar en embargos, prohibiciones de salida del país, suspensión de licencias y arresto domiciliario en situaciones graves.
Además, la Justicia avanza cada vez más en aplicar medidas coercitivas innovadoras, como el bloqueo de redes sociales, suspensión de licencias de conducir o restricciones migratorias, para asegurar el cumplimiento.
Los especialistas remarcan que no pagar la cuota alimentaria también es una forma de violencia económica, que impacta principalmente sobre las mujeres a cargo del cuidado. Por eso, las políticas judiciales actuales buscan reforzar los mecanismos de reclamo y ejecución.
