CONTROLES
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero intensificó los controles sobre las declaraciones juradas luego de la implementación de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, estableciendo un esquema más estricto que pone el foco en el cumplimiento en tiempo y forma.
En este nuevo escenario, los contribuyentes deben extremar la atención, ya que demoras, omisiones o errores pueden derivar en multas económicas de gran magnitud. El organismo busca reducir la morosidad y fortalecer los mecanismos de control, en un contexto donde la recaudación depende cada vez más de la eficiencia del sistema sancionatorio.
Uno de los puntos más sensibles es el fuerte aumento de las penalidades. Actualmente, las multas para personas físicas pueden alcanzar los $220.000, mientras que para sociedades ascienden hasta los $440.000. En casos más graves, como reincidencias o incumplimientos reiterados, las sanciones pueden escalar hasta $35 millones.
Más controles y nuevas exigencias
Además, se sumaron nuevas obligaciones de información. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán reportar mayor nivel de detalle sobre consumos en el exterior, lo que amplía la capacidad de fiscalización del organismo.
Este endurecimiento generó preocupación en ámbitos contables y empresariales, donde advierten que las sanciones podrían resultar desproporcionadas en relación con el monto del impuesto adeudado.
Debate por la proporcionalidad de las multas
Frente a este escenario, el diputado Guillermo Michel impulsa un proyecto para reformular el sistema sancionatorio. La iniciativa busca que las multas mantengan una relación razonable con la deuda fiscal, evitando que infracciones administrativas deriven en castigos excesivos.
Mientras continúa el debate, especialistas recomiendan cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales, ya que los nuevos controles de ARCA elevan significativamente el costo de cualquier incumplimiento.
