El Gobierno nacional oficializó este martes un incremento en los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, lo que se reflejará en los surtidores a partir de los próximos meses. La medida, formalizada mediante el decreto 243/2025, responde a una serie de actualizaciones que habían sido postergadas desde el año pasado y que finalmente se implementarán de forma gradual.
De acuerdo con el nuevo esquema, los impuestos sobre los combustibles líquidos aumentarán en $5,461 por litro para el TLCAN, mientras que el tributo sobre el dióxido de carbono subirá $0,335. En cuanto al gasoil, se aplicarán incrementos de $4,266 en el impuesto general, $2,310 en el tratamiento diferencial para las zonas del sur del país y $0,486 en el tributo al dióxido de carbono.

Impacto a partir de mayo
Este ajuste se suma a un aumento moderado en los precios de la nafta y el gasoil, que subieron por debajo del 2% a nivel nacional desde este martes. Sin embargo, los efectos más significativos de estos aumentos se reflejarán en los precios desde mayo, cuando se apliquen las actualizaciones acumuladas de los trimestres de 2023 y 2024.
El nuevo sistema de actualización de impuestos a los combustibles se realiza de forma trimestral, tomando como base la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborada por el INDEC desde enero de 2018. La postergación de estos aumentos durante el último año fue una de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para controlar el precio final en los surtidores, aunque esto afectó considerablemente la estimación del Estado.

Próximos pasos y perspectiva
El decreto destaca la importancia de avanzar con las correcciones impositivas previstas en la legislación vigente y mantener una política fiscal coherente. Con la entrada en vigor de este nuevo esquema, los efectos de las actualizaciones del primer trimestre de 2024 comenzarán a notarse en abril, mientras que los ajustes de los tres trimestres restantes se aplicarán en su totalidad a partir del 1° de mayo.
Este reajuste tributario tiene como objetivo equilibrar la carga fiscal, aunque es probable que impacte en el precio final de los combustibles en los próximos meses, afectando así los costos de los consumidores.
