GOBIERNO
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina han sufrido un fuerte retroceso. La Secretaría de Derechos Humanos (SDH), uno de los principales organismos encargados de preservar la memoria histórica del terrorismo de Estado, atraviesa una crisis estructural que la deja al borde del colapso. Bajo la gestión de Alberto Baños, la institución ha sido objeto de despidos masivos, vaciamiento de funciones clave y una peligrosa subejecución del presupuesto, lo que pone en riesgo la preservación de los archivos históricos y la continuidad de los sitios de memoria.
Vaciamiento y despidos masivos
Desde la llegada de Baños al frente de la SDH, la institución ha experimentado una grave desestructuración. Según denuncian los trabajadores y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la falta de personal es alarmante. En noviembre de 2024, se reveló que 19 de las 28 áreas de la Secretaría no contaban con funcionarios asignados. A esta carencia de personal se suman los constantes despidos, que han afectado a más de un tercio de la planta de trabajadores. En total, más de 250 empleados fueron despedidos, afectando principalmente a áreas fundamentales como el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y varios de los sitios de memoria clave en todo el país.
Uno de los episodios más emblemáticos de este vaciamiento fue la decisión de cerrar, al menos temporalmente, el Centro Cultural Haroldo Conti. Fundado en 2008, este centro ha sido un espacio crucial para el arte, la reflexión política y la memoria histórica, especialmente relacionado con las víctimas de la última dictadura. A finales de diciembre de 2024, se comunicó que el centro quedaría cerrado por “reestructuración”, aunque las versiones dentro del gobierno indicaron que la nueva administración de Baños podría poner a un allegado suyo a la cabeza del lugar, lo que genera incertidumbre sobre su futuro.
Una nueva versión de la memoria
Uno de los aspectos más preocupantes de esta crisis es el intento explícito de reescribir la historia. La gestión de Baños ha mostrado una clara intención de modificar la narrativa oficial sobre la memoria histórica. En varias declaraciones públicas, Baños y otros funcionarios del gobierno han sostenido que la memoria debe ser “completa”, un eslogan que recuerda a los discursos de sectores negacionistas como los de Victoria Villarruel y Cecilia Pando. Esta visión de “memoria completa” pone en duda la veracidad de los relatos sobre la dictadura y la magnitud de sus crímenes, lo que representa un grave ataque a la memoria colectiva y a los avances logrados en los últimos 40 años en materia de justicia y reparación.
