RESONANTE CAUSA
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado este lunes por el delito de asociación ilícita, en el marco de una causa que investiga cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades vinculadas al ejercicio del cargo público que ocupaba como director del organismo.
La decisión fue adoptada por el juez federal Sebastián Casanello, quien también alcanzó con su resolución a Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo en la ANDIS, y a Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, dos empresarios con estrechos vínculos con droguerías.
En total, el magistrado procesó a 19 personas, entre las que figuran ex funcionarios, empleados de la ANDIS y empresarios privados, todos señalados por haber intervenido —con distintos roles— en una asociación ilícita que se infiltró en la Agencia Nacional de Discapacidad. A cada uno se le impuso un embargo sobre sus bienes, con montos diferenciados según su grado de responsabilidad.
El embargo más elevado fue fijado para Diego Spagnuolo, por una suma superior a los 202 millones de pesos, reflejando —según el fallo— la centralidad de su rol dentro del esquema delictivo investigado.
En su resolución, Casanello sostuvo que durante los primeros meses del Gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional”, cuyo núcleo estuvo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Para el juez, dicho entramado se conformó a partir de “operadores externos y funcionarios que ocupaban cargos de máxima autoridad”, quienes habrían actuado en forma mancomunada, en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos.
El fallo remarca que la ANDIS fue utilizada como una “vía de enriquecimiento” para los integrantes de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su accionar: “la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
Además, la investigación no se da por cerrada. El magistrado advirtió que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos” y que no se agotaría en los hechos hasta ahora probados, dejando abierta la posibilidad de una pesquisa más amplia.
En ese sentido, Casanello subrayó que “dentro de la propia ANDIS existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”.
Finalmente, el juez sintetizó que la magnitud de los negocios, la importancia de las cifras involucradas y el desenfado con el que se ignoraron quejas internas y reclamos de empresarios desplazados, sugieren que no se trató de un hecho aislado, sino de un sistema con posibles niveles adicionales de complicidad.
