Aunque el Certificado Único de Discapacidad (CUD) otorga derechos y beneficios a las personas con discapacidad, la inserción laboral sigue siendo un desafío en Argentina. A pesar de las garantías legales, muchas personas con discapacidad enfrentan rechazo o discriminación al momento de buscar trabajo.
La ley 26.378 establece que los empleadores deben garantizar igualdad de oportunidades en selección, contratación, condiciones laborales, promoción y salarios, evitando cualquier forma de discriminación. Sin embargo, la realidad muestra una brecha importante entre lo normativo y lo práctico.
La situación laboral en cifras
Según estadísticas oficiales, las personas con discapacidad física o motora representan el 25,2% de la población, pero la diferencia de participación laboral respecto de quienes no tienen discapacidad es de 36 puntos porcentuales. De quienes cuentan con CUD y tienen entre 18 y 65 años, apenas el 9% tiene empleo registrado.

La falta de inclusión comienza en la educación: muchos establecimientos no cuentan con espacios adaptados. Como consecuencia, el 20,3% de jóvenes de 18 a 24 años con discapacidad abandonan los estudios antes de tiempo, limitando sus oportunidades de acceder al mercado laboral.
La situación también se refleja en los ingresos y la pobreza: según el INDEC, el 23,7% de las personas con discapacidad de 16 a 64 años se encuentra en riesgo de pobreza, mientras que ese porcentaje es del 15,3% en la población sin discapacidad.
La evidencia muestra que, aunque existen leyes y certificados que protegen los derechos, el desafío real sigue siendo cultural y estructural, y requiere políticas concretas y compromiso empresarial para cerrar la brecha laboral que afecta a las personas con discapacidad.
