JUSTICIA
El largo litigio judicial entre la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la familia Vila por la propiedad de terrenos en el oeste de la ciudad sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de un dictamen favorable de la Procuración General de la Nación que respalda la posición de la casa de estudios.
El pronunciamiento fue firmado por la procuradora Laura Mercedes Monti, quien consideró procedente el recurso presentado por la UNCuyo contra un fallo de la Cámara Federal de Mendoza que había limitado el alcance del desalojo de los terrenos en disputa.
Si bien se trata de un dictamen técnico no vinculante, representa un paso clave previo a la decisión final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá la última palabra en el conflicto judicial.
Qué dice el dictamen de la Procuración
El dictamen sostiene que el recurso presentado por la UNCuyo es procedente y que la resolución de la Cámara Federal se apartó de lo ya definido por la Corte Suprema en fallos anteriores.
En ese sentido, la Procuración considera que limitar el desalojo únicamente a una parte del terreno podría frustrar el cumplimiento efectivo de la sentencia original.
Además, plantea que no resulta razonable sostener que el fallo de la Corte solo alcanzaba al demandante inicial, especialmente ante la presencia de terceros ocupantes que no participaron del proceso judicial.
El origen del conflicto por los terrenos
El litigio se inició cuando el empresario Alfredo Luis Vila impulsó una demanda de usucapión para quedarse con una fracción de tierras ubicadas al oeste de la Avenida Champagnat, en Mendoza.
En 2012, la Corte Suprema rechazó ese planteo y ordenó el desalojo del predio, al determinar que se trataba de bienes de dominio público.
Sin embargo, en la etapa de ejecución del fallo surgió una controversia: solo una parte del terreno fue restituida, mientras que el resto quedó ocupado por terceros no incluidos en el juicio original.
El punto de conflicto judicial
La Cámara Federal de Mendoza había resuelto que esos terceros no podían ser desalojados sin un nuevo proceso judicial que garantizara su derecho de defensa, lo que redujo el alcance de la sentencia original.
Ante esa decisión, la UNCuyo presentó un recurso de queja argumentando que se estaba afectando la cosa juzgada y el cumplimiento pleno de lo ordenado por la Corte Suprema.
La universidad sostuvo además que la porción ya restituida resultaba funcionalmente inutilizable sin la entrega total del terreno.
Qué puede pasar ahora
La Procuración concluyó que corresponde hacer lugar a la queja, admitir el recurso extraordinario y revocar la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza, lo que abre la posibilidad de que la Corte Suprema revise el caso.
Por el momento, las autoridades de la UNCuyo no emitieron declaraciones oficiales sobre el dictamen, en un contexto institucional atravesado además por el proceso electoral interno de la universidad.
