FALLO JUDICIAL
Un tribunal mendocino condenó a 12 años de prisión a un instructor de Kung Fu acusado de haber cometido abusos sexuales contra adolescentes que asistían a sus clases en una escuela de artes marciales de Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo.
La sentencia alcanzó a Gerónimo Rubén Peralta (34), quien fue hallado responsable de 13 hechos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
La investigación comenzó en 2022, a partir de una situación que generó preocupación en el entorno de uno de los alumnos. Tras un episodio de autolesiones, el adolescente reveló haber sido víctima de abuso sexual por parte de su profesor, hechos que habrían ocurrido dentro de un espacio cerrado de la escuela de Kung Fu donde recibía clases.
Esa primera denuncia dio lugar a una imputación inicial por abuso sexual simple, agravado por la relación de autoridad del acusado, quien continuó el proceso en libertad. Sin embargo, meses después, nuevas presentaciones realizadas por otros padres derivaron en la incorporación de cargos más graves.
En marzo de 2023, la causa se profundizó cuando otros alumnos relataron episodios de abuso sexual gravemente ultrajante, lo que motivó la detención de Peralta. Con el avance de la investigación, se sumaron más testimonios ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, algunos de los cuales señalaron que los hechos se habrían repetido en varias oportunidades.
Prisión preventiva y juicio
Ante la acumulación de denuncias, en julio de 2023 la jueza Miriam Núñez dictó la prisión preventiva, desestimando el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa. En esa instancia, la acusación sostuvo que el imputado se valió de su rol como docente y referente de autoridad para cometer los abusos.
El fallo, dictado por los jueces Carmen Magro Mauricio Juan y Ariel Spektor, consideró acreditados los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por estar a cargo de la guarda y la educación de las víctimas. En uno de los episodios denunciados, el tribunal declaró extinguida la acción penal por prescripción.
Durante el juicio oral, la Fiscalía de Delitos Sexuales, representada por Laura Nieto, había solicitado una condena de 18 años de prisión, mientras que los abogados querellantes Mariano Tello y José Luis Calvo, en representación de las familias, reclamaron una pena de 20 años de cárcel. Por su parte, la defensa del acusado pidió la absolución, planteo que fue rechazado por el tribunal.
Finalmente, tras el desarrollo del juicio y la valoración de la prueba testimonial y pericial, el tribunal resolvió avanzar con la condena, estableciendo una pena de 12 años de prisión, al considerar acreditada la responsabilidad penal del instructor en la mayoría de los hechos denunciados.
