La comisión investigadora del caso $LIBRA en la Cámara de Diputados volvió a sesionar este martes, pero dos de los funcionarios citados como testigos —el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la exresponsable de la Unidad de Tareas de Investigación, María Florencia Zicavo— no se presentaron ante los legisladores. En el caso de Melik, el oficial notificador debió dejar la cédula pegada en la puerta de su despacho tras negarse a recibirla personalmente
Diputados avanzaron, además, con la conformación de una subcomisión que tendrá acceso al expediente judicial (sin levantar el secreto de sumario) y con nuevas citaciones a funcionarios y empresarios vinculados al lanzamiento y colapso del token. Entre las decisiones tomadas figura también el envío de un pedido de informes al presidente Javier Milei, al que se le habría fijado un plazo perentorio de cinco días hábiles para responder por escrito.

En la sesión compareció como testigo Luis Villanueva, exintegrante de la Oficina Anticorrupción, quien cuestionó el cierre prematuro de la investigación interna y señaló indicios de “negociación incompatible con la función pública” en la actuación de funcionarios vinculados al caso. Sus declaraciones reforzaron la postura de la comisión sobre la necesidad de profundizar las pesquisas.
Durante el encuentro los legisladores aprobaron citar a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y señalada en distintas actuaciones como interlocutora en reuniones relacionadas con los promotores de $LIBRA. La comisión propuso dos fechas tentativas —23 o 30 de septiembre— y advirtió que, de no presentarse, los diputados podrían trasladarse a la Casa Rosada para tomarle declaración o recurrir a los mecanismos judiciales previstos para forzar la comparecencia.
Las ausencias de Melik y Zicavo —cuya justificación fue, según sus allegados, que la comisión “duplicaría” una investigación penal en trámite— generaron fuerte malestar entre los miembros del cuerpo, que evaluaron que las excusas no se presentaron por los canales formales y que, ante un nuevo faltazo, se habilitarán medidas más enérgicas. En paralelo, la comisión extendió pedidos de informe a billeteras virtuales y a empresas y solicitó auditorías sobre contratos vinculados a organismos y proveedores implicados.
El requerimiento dirigido a Javier Milei incluye preguntas sobre el origen del contrato del token $LIBRA, la omisión de denuncias penales, las condiciones técnicas del proyecto, las reuniones con promotores del token y la eventual existencia de billeteras virtuales vinculadas al Presidente. La Cámara dio un plazo acotado para contestar (cinco días hábiles) y advirtió que la falta de respuesta habilitará “los pasos a seguir conforme al reglamento interno y a la normativa vigente” —según explicó el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro—.
