DERECHOS EN ALERTA
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) atraviesa una de las crisis más delicadas desde su creación. El gobierno de Javier Milei no actualizó su presupuesto y avanzó con una intervención de hecho a través del decreto 351/2025, publicado a fines de mayo, lo que encendió las alarmas en organismos de derechos humanos. Para las Abuelas de Plaza de Mayo, el Banco es una herramienta esencial en la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-militar.
La situación se agravó con la falta de designación de autoridades: el organismo estuvo más de un mes sin dirección tras el vencimiento del mandato de su directora general técnica, Mariana Herrera Piñero, designada por concurso. Su continuidad fue prorrogada recién después de un reclamo judicial presentado por Estela de Carlotto ante la justicia federal de San Martín.
Una historia ligada a la memoria y la ciencia
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado el 1° de junio de 1987, como resultado de la lucha de las Abuelas por restituir la identidad de sus nietos y nietas. La iniciativa se consolidó tras el trabajo conjunto entre las organizaciones de derechos humanos y un grupo de científicos encabezado por los genetistas Víctor Penchaszadeh y Mary-Claire King, quienes desarrollaron el llamado índice de abuelidad.
Este método permitió identificar niños y niñas desaparecidos a través del material genético de sus abuelos, un avance pionero en el mundo.
Desde 2009, el BNDG funciona como organismo autárquico y autónomo bajo la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, según la Ley 26.548. Su sede, ubicada en avenida Córdoba 831 (CABA), conserva las muestras genéticas de miles de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos entre 1976 y 1983. Gracias a su trabajo, ya fueron restituidos 140 nietos y nietas.
Reorganización institucional y ajuste presupuestario
Pese a los reconocimientos internacionales y a los avances tecnológicos —como la incorporación del sistema iScan y la acreditación bajo la norma IRAM-ISO-EC 17025—, el BNDG fue desplazado en 2025 de la órbita de Ciencia y Tecnología para pasar a la Jefatura de Gabinete, con el argumento de “reducir el gasto público”.
El decreto 351 asegura que se mantendrán los cargos y las unidades organizativas “hasta tanto se apruebe una nueva estructura”. Sin embargo, el artículo 3 de la Ley Bases habilita al Ejecutivo a modificar, fusionar o eliminar organismos, dejando al BNDG en una posición vulnerable.
En agosto, la Cámara de Diputados debatió el tema en una sesión maratónica: 133 legisladores rechazaron el decreto, 69 lo apoyaron y dos se abstuvieron, evidenciando el nivel de controversia política en torno a la medida.
El impacto sobre los derechos humanos
La preocupación de los organismos radica en que cualquier alteración, pérdida o deterioro de las muestras podría significar un daño irreparable para quienes buscan conocer su verdadera identidad. Además, la decisión del Ejecutivo contradice la Ley 27.738, que aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, y va a contramano del compromiso histórico del Estado argentino en materia de derechos humanos.
El antecedente más reciente fue el decreto 727/2024, con el cual el Gobierno eliminó la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), alegando superposición de funciones con el Ministerio Público Fiscal.
Memoria, verdad y justicia en peligro
A casi cuatro décadas de su creación, el Banco Nacional de Datos Genéticos no es solo un laboratorio: es un símbolo de la búsqueda de verdad y de la reparación histórica. Su debilitamiento, en nombre del ajuste fiscal, representa un retroceso institucional profundo y un golpe a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que marcaron la reconstrucción democrática argentina.
Defender su independencia y garantizar su continuidad no es una cuestión técnica ni presupuestaria, sino un compromiso ético y político con las víctimas del terrorismo de Estado y con el derecho a la identidad, uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos en Argentina.
