El día después de la barbarie: "camarazo" por Pablo Grillo y fuertes declaraciones oficialistas
A un día de la violenta jornada que se vivió durante la manifestación de jubilados frente al Congreso de la Nación, funcionarios del gobierno de Javier Milei y sectores de la oposición se expresaron en torno a los hechos, con acusaciones cruzadas y reclamos por el uso excesivo de la fuerza.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó los incidentes del último miércoles como un intento de golpe de Estado orquestado por sectores de la oposición, a quienes acusó de haber infiltrado la marcha con barrabravas y militantes políticos.
“Se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a defender los derechos de los jubilados, lo que provocó los disturbios que vimos ayer”, aseguró Francos, al tiempo que defendió la respuesta policial. A pesar de las denuncias sobre la violencia desatada en la movilización, que incluyó enfrentamientos con la policía, destrozos y 124 detenidos, el funcionario insistió en que la represión era necesaria para “mantener el orden”.
Por otro lado, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) condenó el ataque sufrido por el fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió un impacto de gas lacrimógeno en la cabeza mientras cubría la protesta. En un comunicado, ARGRA expresó su rechazo al protocolo de seguridad impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que, según el sindicato, ha puesto en riesgo la libertad de prensa y la integridad de los periodistas en diversas ocasiones. “Exigimos al presidente de la República que la separe de inmediato de su cargo y la ponga a disposición de la justicia”, declararon.
El ataque a Grillo, quien permanece internado en estado grave en el hospital Ramos Mejía, generó una respuesta unánime entre los reporteros gráficos, quienes se reunieron en la Plaza de los Dos Congresos en un “camarazo” para exigir justicia y la renuncia de Bullrich. “No queremos otro Cabezas”, afirmaron, recordando el asesinato en 1997 del fotógrafo José Luis Cabezas, quien también fue víctima de la violencia política en un contexto similar.
Por su parte, la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de los detenidos durante la marcha, un hecho que fue criticado por el Gobierno. Francos lamentó la decisión judicial, argumentando que no contribuye a combatir la violencia organizada. Sin embargo, Andrade defendió la liberación, alegando que la protesta estaba vinculada a un derecho constitucional fundamental y que los adultos mayores que participaron debían ser especialmente protegidos.