AMENAZAN A LA JUEZA
El gobierno criticó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación inmediata de los 114 detenidos tras los incidentes en los alrededores del Congreso Nacional. Desde el Ejecutivo, se apuntó contra la Justicia, acusándola de ser cómplice de la inseguridad y la violencia organizada.
"La Justicia de la puerta giratoria, responsable de la inseguridad"
Manuel Adorni, vocero presidencial, no dudó en condenar la actuación de la jueza Andrade, a quien señaló como responsable directa de la inseguridad en Argentina. En un mensaje en su cuenta de X, Adorni criticó la decisión judicial, mencionando que "los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices" y que los detenidos “destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también expresó su rechazo a la decisión judicial. En declaraciones a Radio Mitre, destacó que “es muy difícil combatir la violencia organizada” cuando los responsables son liberados tan rápidamente. “Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, señaló Francos.
Amenazas de destitución
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, fue más allá y sugirió que la jueza Andrade podría ser destituida por su actuación. A través de un mensaje en X, Libarona calificó a los agresores como "criminales organizados" y cuestionó la decisión de liberar a los detenidos en menos de ocho horas. "Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones", advirtió.
La defensa de la jueza Andrade
Por otro lado, la jueza Karina Andrade defendió su resolución, argumentando que la situación involucraba derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta y a la libertad de expresión. En su resolución, la jueza destacó que los adultos mayores detenidos son "sectores vulnerables" que gozan de protección convencional. "La complejidad de los derechos en juego impide la aplicación del trámite de flagrancia", expresó Andrade, justificando la decisión de liberar a los detenidos de inmediato. Además, solicitó a la fiscalía que informe si aún quedaban personas detenidas.
La decisión judicial y las posteriores críticas políticas han generado un fuerte debate sobre el papel de la Justicia en situaciones de represión y la forma en que se manejan los derechos constitucionales en el contexto de las protestas.
