JUSTICIA FEDERAL
El director de PAMI Mendoza, David Litvinchuk, enfrenta una causa en la Justicia Federal por presunta desobediencia judicial, tras no cumplir con la orden de restituir la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados.
Su estrategia defensiva se centra en un argumento clave: asegura que no tiene capacidad de decisión ni de acción sobre las resoluciones que se emiten desde la sede central de Buenos Aires.
La fiscal federal María Alejandra Obregón recibirá en las próximas horas un informe considerado fundamental por la defensa. El documento, elaborado por el área de Informática de la delegación mendocina, detalla cómo funciona el sistema nacional de provisión de medicamentos y sostiene que “no puede ser alterado en ninguna delegación del país”.
Con este y otros elementos, la fiscal podría solicitar el sobreseimiento de Litvinchuk, imputado desde el 20 de agosto por el delito de desobediencia, tipificado en el artículo 239 del Código Penal.
El funcionario fue intimado, multado e imputado por incumplir la orden del juez civil Pablo Quirós, que había dispuesto garantizar la entrega gratuita de remedios a afiliados. Sin embargo, su defensa —encabezada por el defensor oficial Leonardo Pérez Videla— insiste en que ningún director provincial o regional del organismo tiene facultades para modificar los planes de provisión dispuestos a nivel nacional.
Litvinchuk reiteró que el sistema informático que regula la entrega de medicamentos “no puede ser intervenido desde las delegaciones”, por lo que, según la defensa, carece de responsabilidad penal en los hechos que se le imputan.
