CORTE SUPREMA
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a dos conjueces para resolver uno de los casos más polémicos sobre violencia de género en Mendoza: el asesinato de Julieta González en 2016, cuya calificación como femicidio divide al máximo tribunal del país.
El máximo tribunal, integrado actualmente por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, decidió incorporar mediante sorteo a los jueces federales Rocío Alcalá, de Resistencia, y Gustavo Castiñeira, de Mendoza, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.
La resolución de esta causa marca un momento clave en la definición jurídica de la figura de femicidio en Argentina, ya que el fallo podría sentar jurisprudencia sobre los criterios para identificar violencia de género en homicidios. La decisión promete dividir a los ministros de la Corte.
La víctima tenía 21 años cuando desapareció en el Día de la Primavera de 2016. Su cuerpo fue encontrado en la jornada siguiente en la zona de Cacheuta, en Luján de Cuyo, atado de pies y manos, a pocos metros del penal de Almafuerte.
La investigación señaló rápidamente como sospechoso a Andrés Di Césare, entonces de 26 años e hijo de un reconocido empresario del transporte provincial, quien tenía una relación amorosa con la joven.
Según declaraciones posteriores de la madre de Julieta, ambos se conocían desde la infancia en Maipú . “Después de tantos años, cuando se reencontraron, mi hija vino un día, se río y me dijo 'mamá, a qué no te imaginás con quien me crucé, estuvimos hablando y me invitó a salir: con el Andresito'”, recordó.
Las pruebas y la confesión parcial del acusado
Di Césare declaró recién en enero de 2018 y admitió haberse peleado con González ese día. Reconoció que ella lo “arañó” y que él respondió pegándole en el rostro. La llevó en su vehículo, pero afirmó que la chica se bajó y no la volvió a ver.
Las evidencias científicas lo comprometieron directamente: restos de piel de él bajo las uñas de Julieta, sangre de la víctima en su auto y coincidencia de las antenas de sus celulares en el mismo lugar, a la misma hora de la desaparición.
El análisis del teléfono de este hombre reveló búsquedas previas al crimen sobre cómo realizar una prueba de ADN sobre el feto de un cadáver, y cómo deshacerse de un cuerpo. La hipótesis fiscal sostiene que la víctima le había informado que esperaba un hijo suyo, lo que desencadenó el ataque mortal.
El debate sobre la calificación del crimen
En septiembre de 2019, el tribunal oral integrado por Mauricio Juan, María Alejandra Ratto y Jorge Coussirat, condenó al imputado a 18 años de prisión por homicidio simple. Los jueces no hicieron lugar al agravante de violencia de género solicitado por la fiscalía, al considerar que no había indicios suficientes para establecer un vínculo de pareja.
La sentencia generó protestas masivas del Movimiento #NiUnaMenos y otras organizaciones feministas en Mendoza, que reclamaban una pena por femicidio.
A principios de 2021 la Sala Segunda de la Corte local revisó el fallo, y consideró que el crimen se dio en un contexto de género, modificando la calificación y elevando la sentencia a prisión perpetua.
Los fundamentos
El máximo tribunal de la provincia argumentó su decisión, confirmada en abril de 2022, señalando que “la multiplicidad de lesiones y el modo en que fue agredido el cuerpo de la víctima son indicadores de una voluntad disciplinadora, de una toma de control por parte del agresor ante la resistencia de la víctima a ser sometida”.
Y agregó: “Resulta innegable que existió una discusión y que Di Césare empleó todos los medios que tuvo a su disposición -mayor contextura física para asfixiar hasta la muerte y golpear, inclusive, con las piedras del lugar- para imponerse ante la endeble defensa de Julieta González”.
Los magistrados concluyeron que “estas circunstancias evidencian una clara asimetría de poder, propia de la violencia de género”, modificando así la calificación legal del hecho.
La llegada a la Corte Suprema
La defensa recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el llamado recurso de casación horizontal, argumentando contra la modificación de la carátula del delito.
El caso está actualmente en pleno debate entre los ministros Aunque no se puede conocer la postura de cada magistrado hasta la firma del fallo, la convocatoria de conjueces indica que la decisión será dividida entre Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti.
Los conjueces Rocío Alcalá y Gustavo Castiñeira, seleccionados por sorteo de la lista de presidentes de Cámaras Federales, ya fueron notificados y se espera que participen en la resolución definitiva.
Implicancias del fallo para la figura de femicidio
La decisión que emita la Corte tendrá alcance nacional y podrá establecer criterios jurídicos sobre qué elementos deben considerarse para calificar un homicidio como femicidio, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
El debate central gira en torno a si es necesario acreditar un vínculo de pareja formal para aplicar el agravante de violencia de género, o si basta con demostrar una asimetría de poder y un contexto de dominación machista en el momento del crimen.
La causa también plantea interrogantes sobre la interpretación de la Ley 26.791, que incorporó el femicidio al Código Penal en 2012, y sobre los estándares probatorios necesarios para su aplicación en casos donde no existe una relación estable previa.
El fallo será observado con atención tanto por organizaciones de derechos humanos y feministas como por la comunidad jurídica, ya que sentará precedente sobre uno de los tipos penales más debatidos de los últimos años en Argentina.
