La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei fue definida por el Financial Times como el mayor intento en décadas de recortar la influencia de los sindicatos en la Argentina. El análisis del diario británico se publica en la antesala del debate del proyecto en el Senado, previsto para el próximo miércoles, y en medio de un clima de creciente tensión política con la CGT y sectores del peronismo.
Según el medio, la iniciativa oficial propone una transformación estructural del mercado laboral, orientada a reducir el peso de las organizaciones gremiales en la negociación salarial y a flexibilizar las condiciones de contratación, en línea con la agenda de reformas económicas del Gobierno.

Entre los principales puntos del proyecto se destacan la ampliación del período de prueba, la limitación del alcance del derecho de huelga, la prioridad de los convenios por empresa por sobre los acuerdos sectoriales y cambios en el régimen de indemnizaciones.
Desde el Ejecutivo argumentan que la reforma busca reducir la informalidad laboral, que alcanza a cerca de la mitad de los trabajadores, y estimular la creación de empleo registrado. En contraste, los sindicatos advierten sobre un retroceso en los derechos laborales y anticipan una estrategia de resistencia que combinará acciones políticas, judiciales y sindicales.
El Financial Times también señala que, si bien existe cierto respaldo social a la idea general de modernizar la legislación laboral, el apoyo disminuye cuando se analizan medidas concretas, como la extensión de la jornada laboral o la reducción de indemnizaciones. En ese contexto, la CGT mantiene capacidad de presión y convocó a una movilización frente al Congreso para el día de la sesión en la Cámara alta.
El informe menciona además la postura ambivalente de sectores empresariales. Aunque hay consenso sobre la necesidad de reducir costos laborales, algunas cámaras expresan reparos ante la posibilidad de una negociación salarial excesivamente fragmentada y reclaman una rebaja de la carga impositiva como condición para que la reforma tenga un impacto efectivo en la generación de empleo.
