DECRETO
El Gobierno nacional oficializó cambios en la reglamentación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N.º 20.429, mediante el decreto 306/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida apunta a actualizar el sistema de control, tenencia y uso de armas de fuego en todo el país.
La normativa incorpora nuevos criterios vinculados al acceso, clasificación y registro de armas, en un contexto en el que, según se fundamenta, el régimen vigente había quedado desactualizado frente a condiciones operativas, tecnológicas y administrativas actuales.
En ese marco, se redefine el alcance del sistema regulado por el Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que interviene en procesos como la adquisición, tenencia, portación, transporte e importación de armas de fuego y materiales relacionados. Además, se establece que el acceso no podrá estar sujeto a limitaciones consideradas irrazonables o desproporcionadas, en línea con principios constitucionales.
Otro de los cambios introducidos es la actualización de la categoría de armas de uso civil condicional, que ahora incorpora nuevos dispositivos y materiales que deberán registrarse bajo condiciones específicas.
Qué armas y materiales quedan prohibidos
El decreto amplía y precisa el listado de elementos prohibidos dentro del sistema regulatorio. Entre ellos se incluyen:
•Dispositivos que convierten armas semiautomáticas en automáticas
•Armas disimuladas en objetos de uso cotidiano
•Municiones perforantes, explosivas o incendiarias
•Proyectiles diseñados para causar mayor daño físico
•Agresivos químicos de efectos letales
•Armas electrónicas con capacidad letal
Estas restricciones alcanzan todas las instancias vinculadas al uso de armas: adquisición, tenencia, transporte e importación.
Cambios en la herencia y registro
La normativa también introduce modificaciones en los procedimientos administrativos, especialmente en el caso de armas heredadas. A partir de ahora, los herederos podrán iniciar el trámite de registro ante el RENAR sin necesidad de contar previamente con una declaratoria judicial, siempre que acrediten el vínculo correspondiente.
El objetivo de este cambio es agilizar los procesos y reforzar la trazabilidad del armamento dentro del sistema legal, evitando demoras en la regularización.
