PRIVATIZACIÓN
El Gobierno nacional estableció en USD 45.120.000 el precio base para la privatización de Intercargo, la empresa encargada de los servicios de rampa en los aeropuertos argentinos. La decisión se formalizó tras la ratificación del proceso por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, y dio inicio a una licitación de alcance nacional e internacional para la venta del 100% de las acciones actualmente en manos del Estado.
La compañía tiene un rol central en la operatoria aeroportuaria, ya que presta servicios a la mayoría de las aerolíneas comerciales y mantiene una fuerte presencia en Aeroparque. Incluso aquellas firmas que cuentan con sistemas propios dependen, en gran medida, de su infraestructura.
Cómo será el proceso licitatorio
El procedimiento se desarrollará a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde deberán registrarse los interesados para participar y seguir el avance del proceso. Las bases y condiciones estarán disponibles hasta el 27 de abril a las 16, mientras que la presentación de ofertas se habilitará hasta el 7 de mayo a las 9.30.
Ese mismo día, a las 10, se realizará la apertura de las propuestas de forma electrónica y automática, mediante la generación de un documento oficial que acreditará la participación en la primera etapa.
En paralelo, la convocatoria será publicada tanto en el sitio del Ministerio de Economía como en la plataforma internacional DGMARKET del Banco Mundial, con una anticipación mínima de 45 días corridos.
Requisitos y condiciones para participar
Podrán presentarse sociedades nacionales e internacionales, siempre que cumplan con las condiciones legales exigidas. En el caso de empresas extranjeras, deberán hacerlo a través de una sociedad constituida en la Argentina o en proceso de formación, con inscripción previa a la firma del contrato.
También se permite la presentación conjunta de dos o más firmas, bajo la condición de asumir responsabilidad solidaria e ilimitada frente al Ministerio de Economía. Este acuerdo deberá formalizarse mediante un convenio debidamente certificado y con representación unificada en el sistema.
Quedan excluidas del proceso entidades del sector público nacional, provincial o municipal, así como aquellas compañías con antecedentes de incumplimientos, sanciones o causas vinculadas a delitos contra la administración pública o la transparencia institucional.
Para garantizar la transparencia del proceso, se conformó una comisión evaluadora encargada de analizar las propuestas desde el punto de vista técnico y legal. Además, se exigirá a los participantes la presentación de declaraciones juradas que acrediten la inexistencia de inhabilitaciones.
Las autoridades advirtieron que cualquier indicio de irregularidad, como intentos de influir en funcionarios o prácticas contrarias a la ética pública, podrá derivar en la exclusión inmediata del proceso y la intervención de organismos competentes.
