DEBATE
El Gobierno nacional oficializó este sábado el envío al Congreso de un proyecto de ley para derogar por completo la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal, impulsada originalmente por los mendocinos Anabel Fernández Sagasti y Julio Cobos.
La iniciativa ingresó en el Senado con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones. Desde la Casa Rosada sostuvieron que la normativa vigente presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su eliminación.
Qué cambios propone el Gobierno con la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal
El proyecto establece la derogación total de la Ley de Etiquetado Frontal sancionada en 2021. De avanzar en el Congreso, dejarán de utilizarse los octógonos negros de advertencia en los envases de alimentos y también se eliminarán las restricciones vinculadas a publicidad, entornos escolares y utilización de personajes infantiles en productos alimenticios.
Según el Ejecutivo, el actual sistema de etiquetado aplica criterios “binarios” que no distinguen entre distintos tipos de alimentos ni contemplan las porciones reales consumidas.
Las críticas del Gobierno al sistema de octógonos negros
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno cuestionó que alimentos considerados tradicionales o saludables reciban advertencias similares a las de productos ultraprocesados, lo que —afirman— genera confusión en los consumidores.
Además, remarcaron que el esquema actual no incentiva a las empresas a realizar mejoras graduales en la composición nutricional de sus productos, ya que el sistema únicamente diferencia entre alimentos con o sin advertencias.
El impacto en PyMEs y las diferencias dentro del Mercosur
Otro de los argumentos centrales del Ejecutivo apunta a las dificultades operativas dentro del Mercosur. Según el mensaje enviado al Parlamento, la falta de armonización regional obliga a las empresas a producir envases diferenciados para cada mercado.
El Gobierno advirtió que esta situación afecta especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que enfrentan mayores costos de adaptación y cumplimiento normativo, lo que podría favorecer la concentración económica en el sector alimenticio.
La información nutricional seguirá siendo obligatoria
Pese a la derogación propuesta, el Ejecutivo aclaró que continuarán vigentes las obligaciones de informar valor energético, azúcares, grasas y sodio en los productos envasados.
Estos datos seguirán regulados por el Código Alimentario Argentino, las resoluciones del Mercosur y las leyes de defensa del consumidor y lealtad comercial.
Con el envío del proyecto, el Gobierno pidió al Congreso el “pronto tratamiento y sanción” de la iniciativa para avanzar hacia un sistema que considere “más uniforme, adaptable y técnicamente consistente”.
