PANORAMA
Tras varias semanas de escasa actividad legislativa, el Gobierno nacional intenta recuperar la iniciativa en el Congreso y ya trabaja en la organización de una sesión clave en el Senado prevista para mediados de julio.
La estrategia está encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien retomó las conversaciones con los bloques dialoguistas para reunir los apoyos necesarios y avanzar con una serie de proyectos que habían quedado relegados durante la crisis política que atravesó el oficialismo en las últimas semanas.
El oficialismo apunta al 16 de julio
Según fuentes oficiales, la intención es realizar una sesión el 16 de julio, aunque previamente, el 8 de julio, se llevará a cabo una reunión de Labor Parlamentaria para definir el temario y buscar acuerdos con los distintos bloques.
Desde la Casa Rosada aseguran que existen buenas expectativas para alcanzar el número necesario y retomar el tratamiento de iniciativas consideradas prioritarias por el presidente Javier Milei.
Entre los proyectos que el oficialismo pretende llevar al recinto figuran:
- la reforma de la ley de Protección de la Propiedad Privada;
- la denominada ley Hojarasca;
- pliegos de jueces y ascensos militares;
- la modificación del régimen de Zona Fría;
- cambios en la ley de Inocencia Fiscal;
- la reforma electoral, que incluye la suspensión de las elecciones PASO;
- y una iniciativa para actualizar el marco normativo del Banco Central.
Protección de la propiedad privada, uno de los ejes
Uno de los proyectos centrales del paquete legislativo propone modificar distintos aspectos vinculados al derecho de propiedad, las expropiaciones, las usurpaciones y la regularización dominial.
La iniciativa busca reforzar las garantías de los propietarios y establecer mayores requisitos para que el Estado pueda avanzar con una expropiación. Entre otros puntos, exige que exista una partida presupuestaria específica antes de iniciar el proceso y procura evitar demoras prolongadas en el pago de las indemnizaciones.
Cambios en desalojos y ocupaciones
El proyecto también incorpora modificaciones destinadas a agilizar la restitución de inmuebles ocupados ilegalmente.
La propuesta plantea procedimientos más rápidos para los desalojos cuando exista una ocupación sin título legítimo, con el objetivo de reducir los tiempos judiciales y evitar conflictos prolongados sobre la posesión de los bienes.
Modificaciones al régimen de barrios populares
Otro de los capítulos propone cambios en el régimen aplicable a los inmuebles incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
La iniciativa elimina algunas restricciones vigentes para promover desalojos o acciones judiciales sobre determinados terrenos ocupados y sostiene que los procesos de regularización urbana deberán concretarse mediante acuerdos, compras o programas específicos, sin afectar los derechos de los propietarios.
Además, el proyecto endurece los requisitos para acceder a la prescripción adquisitiva o usucapión, con el propósito de evitar que ocupaciones irregulares deriven con mayor facilidad en la adquisición del dominio de un inmueble.
Un debate con posiciones enfrentadas
Desde el Gobierno sostienen que las reformas buscan fortalecer la seguridad jurídica, brindar mayor previsibilidad a las inversiones y reafirmar el derecho constitucional de propiedad.
En cambio, sectores de la oposición advierten que algunos cambios podrían dificultar los procesos de integración de barrios populares y afectar las políticas de acceso a la vivienda para familias en situación de vulnerabilidad.
Mientras continúan las negociaciones en el Senado, el oficialismo apuesta a conseguir los consensos necesarios para convertir este paquete de reformas en el principal avance legislativo de la segunda mitad del año.
