El Gobierno derogó una normativa clave que desde 2012 imponía limitaciones al patentamiento de medicamentos y estableció un nuevo esquema más flexible. A partir de ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial será el encargado de evaluar cada solicitud de manera individual, sin condicionamientos previos.
La medida implica un giro en el sistema vigente, ya que elimina un conjunto de criterios técnicos que, según especialistas, dificultaban la aprobación de patentes en el país y demoraban la llegada de nuevas terapias.

Uno de los puntos más relevantes es que las futuras patentes vinculadas a medicamentos ya comercializados no podrán bloquear su venta ni exigir compensaciones económicas, lo que busca preservar el acceso actual a esos productos en el mercado.
Desde el oficialismo sostienen que el cambio apunta a fomentar la innovación, atraer inversiones y alinear a la Argentina con estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.
Sin embargo, expertos advierten que algunos aspectos podrían generar cuestionamientos legales, especialmente por el impacto sobre los derechos de los titulares de patentes y las posibles disputas con laboratorios.



