CONFLICTO POR LA MINERÍA
La aparición de imágenes registradas por bodycams de la Policía de Mendoza, que muestran detenciones violentas dentro de la Legislatura en octubre, desató un escándalo político y expuso cierta ambigüedad del gobierno provincial. Las grabaciones, correspondientes a una protesta contra el Proyecto Minero San Jorge durante el mes de octubre, fueron incorporadas al expediente judicial y contradicen frontalmente el discurso oficial de orden y respeto a la ley.
Precisamente, horas antes de la difusión, la Ministra de Seguridad, Mercedes Rus, había afirmado con firmeza: “No vamos a tolerar ataques al patrimonio público... En Mendoza el orden no se negocia y las leyes se cumplen”. Sin embargo, ante la evidencia visual del operativo, la postura gubernamental dio un giro abrupto hacia el distanciamiento.
Desde el Gobierno señalaron que, en octubre, se iniciaron dos expedientes por el hecho violento. Argumentaron que "la conducta del policía dentro de la Legislatura no responde a lo instruido" y destacaron que fue el propio Ministerio quien aportó la evidencia digital a la justicia.
En un intento por contener el daño, agregaron: "Este episodio no representa la actuación policial en general", citando más de 53 marchas antimineras en la capital manejadas "conforme a los procedimientos".
