A través del Decreto 340/2025, el Gobierno nacional estableció un régimen de excepción para la Marina Mercante, declarando a la navegación marítima y fluvial como servicio esencial. La medida, que forma parte de la política de desregulación impulsada por la Ley Bases, flexibiliza normas laborales y operativas para reducir el llamado “costo argentino”, permitir la operación de buques con registros extranjeros y reactivar el tráfico de cabotaje, hoy dominado por flotas foráneas.
El decreto habilita a los armadores locales a suspender la bandera nacional de sus buques para operar bajo condiciones internacionales más competitivas, y establece nuevos criterios de tripulación, con un mínimo del 75% de residentes o ciudadanos argentinos. Además, impone límites al derecho de huelga, asegurando que los servicios se mantengan con una cobertura mínima del 75% en sectores esenciales.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la decisión como parte del cierre del ciclo de reformas en transporte. Afirmó que las trabas anteriores “dejaron al sector en terapia intensiva” y que esta iniciativa busca recuperar el cabotaje nacional, reducir costos logísticos y volver competitivo al país frente a sus vecinos en el transporte por agua.



