AJUSTE

El Gobierno elimina un organismo clave en la mediación de conflictos entre consumidores y proveedores

Con este nuevo ajuste, la gestión de Javier Milei refuerza su política de desregulación y achicamiento del Estado, priorizando la eliminación de organismos que considera innecesarios. Resta ver cuál será el impacto real de esta medida en la resolución de conflictos entre consumidores y empresas en el futuro.

El Ejecutivo disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un ente creado en 2014 para intervenir en reclamos individuales de consumidores cuyo monto no superara los 55 salarios mínimos, hoy equivalente a $1.462.230.

El cierre de COPREC y sus implicancias

Mediante el Decreto 55/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno decidió disolver COPREC. La medida se enmarca dentro de la Ley Bases y responde a una estrategia de desburocratización y reducción del gasto estatal.

El decreto argumenta que ya existen otras instancias para la atención de reclamos de los consumidores en ámbitos provinciales y judiciales, lo que genera una superposición de organismos con funciones similares. “Resulta indispensable avanzar hacia una efectiva simplificación administrativa, evitando la duplicación de competencias”, indica el texto.

Alternativas para los consumidores

El Gobierno aseguró que los consumidores podrán seguir realizando sus reclamos a través de la Ventanilla Única de Defensa del Consumidor, tanto de manera virtual como presencial en dependencias municipales y provinciales. Además, destacó que la Ciudad de Buenos Aires adhirió a este sistema, permitiendo una mayor coordinación y eficiencia en la tramitación de denuncias.

No obstante, los datos oficiales muestran que en 2024 COPREC resolvió solo el 28% de los 108.762 reclamos ingresados. Un 18% de los casos cerraron sin acuerdo, un 7% fue rechazado por no cumplir con los requisitos y el 47% quedó pendiente de tramitación antes de su disolución.

El respaldo de Sturzenegger y la crítica a la burocracia

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, respaldó la medida, calificando al organismo como un "peso muerto de la casta" y justificando su disolución con cifras del gasto público. Según el funcionario, en sus diez años de existencia, COPREC costó al Estado $6.500 millones (a valores de 2023) para resolver apenas 4.350 reclamos, lo que equivale a un costo de $1.500.000 por conciliación.

Sturzenegger también criticó el sistema de mediación estatal, afirmando que "las provincias y la Justicia ya cumplen esta función", y que COPREC sólo sumaba burocracia innecesaria. Además, cuestionó la creación de registros de conciliadores, procesos de homologación y la figura de los Auditores de las Relaciones de Consumo, instancias que también fueron eliminadas.

El debate sobre el rol del Estado en la defensa del consumidor

La disolución de COPREC reaviva el debate sobre el rol del Estado en la protección de los consumidores. Mientras el Gobierno argumenta que la medida reduce costos y evita la duplicación de funciones, algunos sectores advierten que la eliminación de este mecanismo podría debilitar la defensa de los derechos de los usuarios frente a abusos comerciales.