POLÍTICA ECONÓMICA
En la misma semana en que lanzó su propuesta para captar los "dólares del colchón", el Gobierno nacional avanzó con nuevas medidas de desregulación económica, eliminando normativas que históricamente impulsaban a las PYMES y a los jóvenes emprendedores. A través del Decreto 339, amparado en el DNU 70/23, se derogaron varios artículos de la Ley 24.467 de 1995 y la Ley 25.872 de 2004, que establecían programas de crecimiento, asistencia técnica y financiera.
Estas decisiones se tomaron a pesar de que las PYMES generan más del 50% del empleo registrado y el 77% del trabajo privado en Argentina. Paralelamente, se refuerza el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales a empresas que inviertan más de 200 millones de dólares, sin contemplaciones similares para los actores más pequeños del mercado.
Entre los puntos eliminados figuran herramientas de información, asistencia regional, capacitación y programas de vinculación comercial entre PYMES y grandes empresas. También se anuló un programa específico que fomentaba el espíritu emprendedor juvenil, con objetivos centrados en la innovación tecnológica, la internacionalización y la articulación público-privada.
El nuevo marco se inscribe en una visión donde predomina la "mano invisible del mercado". El Ejecutivo busca reducir al mínimo la intervención estatal en la economía, promoviendo una libre concurrencia sin restricciones normativas. Sin embargo, la excepción es el RIGI, que sí cuenta con intervención estatal para garantizar seguridad jurídica y beneficios fiscales a las grandes inversiones, generando un terreno desigual frente a las pequeñas y medianas empresas.
